UPyD insta al Ayuntamiento a que cancele sus cuentas en la oficinas financieras que desahucien a residentes en Algeciras

TCAM/REDACCION El coordinador local de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), José Luis Fernández Núñez, ha instado a los partidos que integran la Corporación municipal a que aparquen sus diferenciasy aprueben unánimemente la retirada de todas las cuentas que el Ayuntamiento de Algeciras mantenga en cualquier banco o caja de ahorros que ejecute desahucios a vecinos del municipio.

Fernández Núñez entiende que a nivel municipal se trataría de una medida eficaz, factible y realista para ayudar, en la medida de lo posible, a evitar los cada vez más frecuentes desalojos, por parte de entidades financieras, de familias que a causa de la crisis se quedan en la calle al no poder pagar la vivienda en la que residían. En este sentido, el líder upeydista ha considerado que los grupos con representación parlamentaria, PSOE e IU, perdieron una maravillosa ocasión para lograr este propósito y sacar adelante acuerdos como la dación en pago, cuando rechazaron el decreto ley anti-desahucio presentado por el Gobierno central para su aprobación en el Congreso de los Diputados, el pasado mes de noviembre. Para Fernández Núñez resulta incomprensible que ahora el grupo municipal de IU busque la colaboración del PP para impulsar la firma de un acuerdo de colaboración entre el Consistorio y la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía en este sentido.  “Por muy insuficiente y restrictivo que sea el decreto ley anti-desahucios, siempre será mejor que quedarse cruzado de brazos. Una Sra. parlamentaria como Inmaculada Nieto, capaz de calificar el perfil político de los concejales del Ejecutivo municipal, debería saber que, en relación con la aprobación de cualquier norma en el Parlamento, cabe la apertura de un periodo para la presentación de enmiendas”, ha declarado el coordinador local de UPyD. El grupo parlamentario de UPyD en el Congreso de los Diputados presentó el pasado mes de marzo una Proposición de Ley relativa a la dación en pago y a la protección de las personas físicas insolventes, que, aunque fue elogiada y apoyada por la gran mayoría de los grupos parlamentarios, no llegó a tramitarse por la negativa del PP.

 

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