Tal y como ha explicado Ana Mestre, se llamará a los inscritos en la categoría de personal de servicios generales y el salario que percibirán rondará los 1.900 euros netos mensuales incluyendo todos los conceptos salariales, entre el 15 de junio al 15 de septiembre con posibilidad de prórroga si fuera necesario. Para su puesta en marcha, desde el Gobierno andaluz se firmará un convenio con los ayuntamientos de municipios costeros que requieran de este personal de apoyo.
Estos auxiliares realizarán labores de información del control de acceso y aforo de las playas, velarán por el cumplimiento de las medidas contenidas en el plan de contingencia de cada ayuntamiento e informarán a los usuarios que accedan a la playa de los avisos y comunicados que se realicen por los órganos competentes en materia de emergencias y protección civil.
También pondrán en conocimiento del Cuerpo de Policía Local del municipio las incidencias o actuaciones realizadas durante la jornada laboral; ejecutarán tareas auxiliares de ayuda o socorro, bajo la dirección del Cuerpo de Policía Local o, en su caso, de los servicios de Protección Civil; recepcionarán y orientarán a los visitantes; controlarán el tránsito de personas usuarias por las vías colindantes; registrarán y comunicarán incidencias y, por último, realizarán aquellas otras funciones de auxilio que se les encomienden.
Los requisitos que deben cumplir los inscritos en la categoría de personal de servicios generales son estar en posesión del nivel de formación equivalente a Educación Primaria, certificado de escolaridad o acreditación de los años cursados y de las calificaciones obtenidas en la Educación Secundaria Obligatoria.
En el caso de no contar con la formación académica requerida, se entenderá que se está en posesión de formación laboral equivalente cuando se hubiese demostrado experiencia profesional específica en la categoría profesional concreta de al menos tres meses, o superado curso de formación profesional directamente relacionado con dicha categoría, impartido por centro oficial reconocido para dicho cometido, con una duración efectiva de al menos 50 horas.
Antes de incorporarse al puesto, recibirán formación específica en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía (ESPA). Estos trabajadores dependerán de la Delegación de Gobierno de la Junta en cada provincia en la que presten servicio, donde existirá la figura de dos coordinadores para gestionar sus turnos de trabajo, incidencias, organización, en colaboración con el Ayuntamiento bajo la dirección del delegado del Gobierno de la Junta.
Esta medida de fomento del empleo, que supone también un apoyo al sector turístico andaluz y una defensa de su buena imagen y reputación, se suma al plan económico diseñado por las consejerías de la Presidencia y de Turismo para la seguridad y limpieza en las playas, dotado con 10,5 millones de euros y que fue aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado día 11.
Por otro lado, la delegada del Gobierno andaluz en la provincia ha resaltado el “compromiso” de la Junta de Andalucía con “un sector tan castigado por la pandemia del Covid-19 como es la hostelería”. Así, ha aplaudido la agilidad, rapidez y diligencia con la que se ha aprobado, a instancia de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, un decreto ley en el que se autoriza a los ayuntamientos, con carácter temporal y en tanto persista la situación de alerta sanitaria y, en todo caso, hasta el 31 de octubre de 2020, a ampliar en una hora, hasta las 3.00 de la madrugada, el horario máximo de cierre de los establecimientos de hostelería y de terrazas y veladores.
Esta iniciativa se incluye en el marco de una norma por la que se establecen medidas extraordinarias y urgentes para la reactivación del sector de la hostelería, restauración, ocio y esparcimiento, ante la situación de alerta sanitaria generada por la crisis sanitaria por el coronavirus (Covid-19).
Asimismo, se establece un aforo máximo del 50% en los establecimientos de hostelería y restauración para consumo en el local, salvo discotecas y bares de ocio nocturno. El Gobierno central ha dejado en manos de las comunidades determinar el aforo de estos locales entre un 40 y un 50% en la fase 2 y Andalucía ha optado por el máximo permitido para favorecer al sector.
Este decreto ley también recoge una autorización motivada en el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en las áreas de sensibilidad habilitada para la instalación, entre otros, de terrazas y veladores en la vía pública y en espacios abiertos de establecimientos de hostelería y de ocio y esparcimiento en sectores con predominio de suelo de uso residencial o de especial protección acústica.
Por ello, en coordinación con la Consejería competente en materia de protección contra la contaminación acústica, se delimita el alcance del cumplimiento de los objetivos de calidad acústica al interior de las edificaciones, lo que facilitará a los operadores económicos y a los municipios la aplicación de este precepto, en los términos de la normativa de protección contra la contaminación acústica, sin menoscabo del derecho al descanso de la ciudadanía.
