La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ya avanzó el pasado viernes esta medida, que supondrá que los impuestos que tienen que presentarse antes del 20 de abril se demoren hasta el 20 de mayo, como parte de las medidas para paliar los efectos de la crisis de coronavirus y en respuesta a las peticiones de colectivos de pymes y autónomos.
El próximo 20 de abril vence el plazo para presentar la liquidación del IVA del primer trimestre, así como los pagos fraccionados del IRPF y el impuesto de sociedades.
La ministra también anunció que se permitirá a autónomos y pymes renunciar al sistema de módulos para tributar por estimación directa de forma temporal ante la caída de ingresos, una medida que según la asociación de autónomos UPTA se aprobará mañana pero que fuentes gubernamentales señalan que podría retrasarse.
Además, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado este lunes a las organizaciones de autónomos ATA, UPTA y Uatae la puesta en marcha la semana que viene de la mesa de diálogo con los autónomos, que se reunirá semanalmente, tras sendos encuentros en los que ha estado presente también la directora general de Autónomos, Maravillas Espín.
En este encuentro se ha abordado la posibilidad de prolongar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor en determinados sectores o estudiar nuevas medidas en los ERTE productivos, un debate que se elevará al Consejo de Ministros, según ha apuntado el Ministerio de Trabajo en un comunicado.
El presidente de la asociación de trabajadores autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha pedido a la ministra que “no deje en la cuneta a los 1,4 millones de autónomos que no tienen acceso a la prestación por cese de actividad extraordinario”, y que suspenda las cotizaciones sociales a los autónomos.
Amor ha trasladado al Gobierno que, aunque un millón van a tener acceso a la prestación por cese de actividad extraordinario y otros 800.000 están facturando y teniendo “una actividad relativa y medio normal”, hay 1.400.000 que “lo están pasando muy mal”.
Para ese colectivo ATA reclama la suspensión de las cotizaciones sociales de abril, porque siguen activos, por lo que no cobrarán la prestación por cese de actividad, pero “no saben lo que van a facturar”.
Además, ha criticado que el requisito para acceder al cese de actividad sea una caída de ingresos del 75 %, cuando para poder beneficiarse de una moratoria hipotecaria sólo se reclama un descenso del 40 %.
Desde la unión de profesionales y trabajadores autónomos (UPTA), su secretario general, Eduardo Abad, ha pedido la rebaja del 75 % al 50 % la minoración de los ingresos requerida para acceder al cese de actividad, así como que se incluyan los alquileres de comercios en la moratoria.
Abad ha planteado a la ministra que se aplace al segundo trimestre el pago de los impuestos del primer trimestre y que se aborde un plan estratégico de digitalización para el colectivo, que “ve imposible acometer” la actividad en el futuro con el cambio en las formas de consumo que ha traído consigo la pandemia.
La secretaria general de la unión de asociaciones de trabajadores autónomos y emprendedores (Uatae), María José Landaburu, ha pedido también rebajar el umbral de caída de los ingresos para acceder al cese de actividad, actualmente en el 75 %, y llevarlo, “en algunos sectores especialmente golpeados, al 40 %”.
Landaburu ha pedido también extender la prestación a los 20.000 autónomos de temporada del sector turístico y a los 400.000 sin mutua colaboradora asignada, así como ayudas y moratorias para que los gastos asociados a la actividad, como el alquiler de un local, o los préstamos bancarios previos para maquinaria, vehículos o licencias, “no asfixien a los trabajadores por cuenta propia”.
