La paciencia de una treintena de trabajadores de Algesa parece haberse agotado. Después de semanas de movilizaciones, concentraciones, denuncias ante la Inspección de Trabajo y demandas en los juzgados, CCOO ha vuelto a señalar directamente al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, al que considera el máximo responsable político de una empresa pública en la que, según el sindicato, siguen sin respetarse los derechos de parte de su plantilla.
Los afectados, trabajadores fijos a tiempo parcial que prestan servicio los fines de semana y festivos, reclaman que se cumpla el convenio colectivo y el Estatuto de los Trabajadores para poder acceder a las vacantes de jornada completa que se generan en la empresa.
La pregunta que vuelve a sobrevolar el conflicto es evidente: ¿cómo puede una administración exigir el cumplimiento de la legislación laboral a las empresas privadas cuando un sindicato denuncia que una empresa pública dependiente del propio Ayuntamiento incumple esos mismos derechos?
CCOO no solo ha salido a la calle. También ha acudido a los tribunales y a la Inspección de Trabajo. Es decir, el conflicto ya no se limita al terreno sindical; ha entrado de lleno en el ámbito judicial y administrativo.
Mientras tanto, los trabajadores continúan denunciando una situación de precariedad que, según afirman, se prolonga desde hace años.
La pelota está ahora en el tejado del Ayuntamiento.
Porque Algesa no es una empresa privada. Es una empresa pública.
Y cuando el conflicto se produce dentro de una empresa cuyo máximo responsable último es el propio Ayuntamiento, la respuesta política deja de ser una opción para convertirse en una responsabilidad.
Como recuerda CCOO, los trabajadores no están reclamando un privilegio. Reclaman, sencillamente, que se cumpla la normativa laboral que el propio sector público está obligado a respetar y hacer respetar.
