De cada cien kilos de hachís que llega a suelo europeo, 72 lo hacen por las costas andaluzas, sobre todo por el litoral de Cádiz. El Estrecho de Gibraltar es una de las fronteras más calientes del planeta, un territorio inhóspito y peligroso. Y lo es cada día más. Por mucho que el Gobierno y el Ministerio del Interior exhiban músculo y se esfuercen en desmenuzar la inversión realizada desde 2018, cuando se puso en marcha el Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar para recuperar ese principio de autoridad mancillado, la realidad habla de una radicalización en las maneras del narcotráfico. Los viejos capos, más proclives a aceptar ciertos códigos de comportamiento frente a los cuerpos de seguridad, adquiridos desde que en este sur del sur se inventó el contrabando de tabaco, han dejado paso a unos cachorros más salvajes y que no dudan en disparar, atropellar o arrollar con sus potentes lanchas a quien sea para defender su cargamento. Una existencia al otro lado de la ley que desde 2016 se ha cobrado una veintena de vidas en una negra lista que desde el pasado viernes tiene dos nombres más: los guardias civiles Miguel Ángel Gómez González y David Pérez Carracedo.
La Fiscalía de Cádiz lleva años alertando del incremento en el poder de fuego de los narcos. Pero, para entender mejor cómo se consuma la última tragedia, hay que sumar varios factores que van más allá de la simple violencia contra una pequeña zodiac. Por un lado está la diferencia de medios de los contendientes en la partida. Mientras que los narcos cuentan con una flota ingente de gomas, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil llevaba desde el martes con sus seis embarcaciones inoperativas. La Benemérita del mar, que siempre ha tenido una fuerte vinculación con la provincia, no en vano su escuela se ha instalado en instalaciones de la Zona Franca de Cádiz, cuenta con cinco embarcaciones de entre 17 y 25 metros de eslora y una cuarta de 12 metros. “Todas estaban inoperativas por diferentes motivos”, confirman a este medio fuentes del propio servicio.
Por eso, cuando el alcalde de Barbate, Miguel Molina, empezó a recibir vídeos en su móvil de narcolanchas en el puerto de su población, sin que nadie les molestara desde hacía semanas, llamó a la Comandancia de la Guardia Civil reclamando que se hiciera algo al respecto. Desgraciadamente el operativo no fue el adecuado, porque una zodiac de seis metros, desplazada desde Algeciras y en la que iban seis agentes en medio de un temporal del demonio, se convirtió en un blanco fácil para que esos monstruos negros y potentes, incluso jaleados desde un espigón por personas sin escrúpulos, cargaran contra los agentes con el dramático resultado. “Esa no era la forma correcta de actuar. Las medidas fueron desafortunadas y desproporcionadas”, llegó a reconocer un alcalde que lleva años intentando desterrar la imagen de un Barbate dominado por el terror del narco.
Las narcolanchas, unos bichos que llegan a alcanzar los 60 nudos de velocidad (unos 110 kilómetros por hora), llevan tres años utilizando el puerto barbateño para resguardarse de la mala mar. Cuando las condiciones les son proclives amarran en cualquier islote cercano a la costa a la espera de órdenes de los jefes. Ana Villagómez, fiscal antidroga de Andalucía, ha venido denunciando que estas embarcaciones buscan refugio en puertos como el de Barbate o el de Sancti Petri no sólo para guarecerse sino para repostar. Porque estas gomas ya no sólo trafican con hachís, ahora también traen cocaína y hasta personas, a las que lanzan al agua causándoles la muerte, como se ha podido comprobar recientemente en la misma playa chiclanera o en la de Camposoto.
El pasado 31 de enero, una narcolancha embistió una patrullera de la Guardia Civil en la desembocadura del Guadalquivir y uno de sus tripulantes falleció. La Fiscalía pidió entonces prisión para los tres detenidos pero la juez encargada del caso los puso en libertad, y eso a pesar de que uno de ellos contaba con antecedentes por contrabando y que la embarcación llevaba 90 garrafas de 25 litros de gasolina cada una para surtir narcolanchas. La cuestión de fondo es que la tenencia de combustible solo conlleva una sanción administrativa. Ese es precisamente otro de los aspectos que desde la Fiscalía Antidroga se quiere endurecer. Porque ahora las gomas no van solas, sino en caravanas marítimas, formadas por hasta seis, una guardia pretoriana que abastece y protege a la líder, donde navegan los fardos de droga.
Son muchas las voces que encuentran una relación directa entre la muerte del presunto narcotraficante en Sanlúcar, natural de La Línea, y la de los dos agentes en Barbate. Cuentan que era amigo íntimo de Kiko ‘El cabra’, también natural de la localidad campogibraltareña, detenido a las pocas horas del suceso y a quien la Guardia Civil considera el piloto de la goma que arrolló a la zodiac de la Guardia Civil en el puerto barbateño. Ese aire de venganza, podría explicar la violencia con que la goma carga una y otra vez contra la embarcación de los agentes.
Una lucha desigual
Para luchar contra los potentes clanes de la droga que operan en el Estrecho de Gibraltar el Servicio Marítimo de la Guardia Civil cuenta con 40 agentes. Así que si en tierra las fuerzas se igualan, en el mar podríamos decir que la lucha se asemeja a la que protagonizarían un galeón con 300 cañones frente a un bergantín con una veintena.
Porque estas narcolanchas están equipadas con tres o cuatro motores fuerabordas, cada uno de ellos valorado en 30.000 euros. La capacidad de carga de estas narcolanchas suele rondar las tres toneladas. Un kilo de hachís se vende a unos 1.400 euros. Es decir, cada viaje reporta unos beneficios de 4.200.000 euros. De ahí hay que quitar lo que cobra el piloto de la goma (unos 50.000 euros); el gepero, encargado del GPS durante el viaje (20.000 euros); marineros, que se encargan de la carga y descarga de la mercancía (10.000 euros); notario, que es la persona de confianza del dueño de la droga en Marruecos y la organización española, que se lleva un porcentaje según la carga; el botador, que traslada la goma desde su escondite hasta el mar, y que suele llevarse 5.000 euros; los petaqueros, que surten de víveres y gasolina a los ocupantes de las gomas y que cobran entre 500 y 2.000 euros cada hora de trabajo; la colla, formada por personas que descargan la mercancía en la playa y las transportan a los vehículos que luego los trasladan hasta las guarderías (3.000 euros); los transportistas, que llevan los todoterrenos (entre 10.000 y 20.000 euros); y, por último, los puntos, los peones de menor rango que se encargan de vigilar los movimientos policiales durante el alijo (300-500 euros). Como ven, una organización perfectamente estructurada y jerarquizada donde pocas cosas se dejan al azar. Y, por si fuera poco, la empresa Narcos SA nunca descansa.
Lo curioso es que la tenencia de narcolanchas está tipificado en el código penal como un delito de contrabando que acarrea penas de entre tres y cinco años de prisión. Sin embargo, en días de mala mar se permitan el lujo de pavonearse en puertos gaditanos como el de Barbate o Sancti Petri sintiéndose intocables. Es más, fuentes de la Fiscalía Antidroga han llegado a comentar en más de una ocasión que cuando estas embarcaciones son decomisadas, los narcos están atentos para volver a hacerse con ellas en subastas públicas, utilizando para ello a testaferros. De esta manera, el juego vuelve a comenzar.
La retirada del OCON-Sur
Otro de los aspectos que desde diferentes sectores se consideran claves en el aumento de la actividad de los narcos, en esa sensación de impunidad, es el desmantelamiento del OCON-Sur, un grupo que ofreció unos magníficos resultados hasta que se decidió que los 150 agentes que lo conformaban regresaran a sus distintas unidades. Los motivos de esta determinación nunca han estado demasiado claros. Alfonso Rodríguez Castillo, general en la reserva de la Guardia Civil y ex jefe de la IV Zona de la Guardia Civil, explicó en una entrevista concedida a Diario de Sevilla los motivos que conllevaron al final de la unidad. “El OCON -dijo- nació a raíz de una operación de la Guardia Civil, que analizó la situación que había en el Campo de Gibraltar. Contra una situación especial se adoptan medidas especiales, que ni pueden ni deben permanecer eternamente, porque pierden eficacia y pueden generar otros problemas.
Fue una decisión de mando de la Guardia Civil, pues habíamos alcanzado ya unos resultados magníficos y había que pensar en el paso siguiente. No podemos estar siempre alabando lo bien que lo estamos haciendo. Y ese paso era normalizar esa unidad especial para que su trabajo lo hiciesen unidades orgánicas. Corríamos el riesgo de que el plan especial desapareciese y con ello el OCON. Nos hubiera quedado sólo la íntima satisfacción del deber cumplido. Lo hemos hecho fantástico, hemos conseguido quitar un montón de droga. Hemos estado dos años trabajando en diseñar la nueva estructura de Policía Judicial y los equipos de delincuencia organizada en toda Andalucía. Para eso llevé a cabo un gran número de reuniones hasta conseguir algo excepcional, el incremento de 150 agentes especialistas en Policía Judicial. Uno no puede conseguir a un guardia de este tipo tan fácilmente, no va al SAE y lo coge de allí. Tienen que tener una selección, una formación, un curso y un destino, y eso no se hace en tres días. Hoy día cada comandancia tiene su equipo OCON, la marca OCON continúa mientras dure el plan especial. Pero cuando el plan termine habrá 150 agentes más de Policía Judicial en Andalucía, que es el mayor incremento de este tipo en la historia”.
La cuestión es que esta decisión parece haber tenido un efecto psicológico entre los clanes del narcotráfico que operan en la provincia, que han entendido la medida como una retirada y han avanzado posiciones, empleando para ello cada vez más violencia.
Porque a todo esto hay que sumar a la ecuación la ingente cantidad de dinero que los narcos gastan en armas. Los Señores del Hachís no escatiman recursos para aumentar sus arsenales y cada vez tienen menos problemas en exhibir un armamento que, a veces, es comparable al que se usa en conflictos bélicos. La causa de este aumento de la potencia de fuego viene motivada no sólo para protegerse de la acción policial sino para hacerlo de bandas rivales que pretenden hacerse con sus alijos. Por eso, ante la menor sospecha los narcos primero disparan y luego preguntan.
En su memoria anual de 2023, la Fiscalía Superior de Andalucía llegó a calificar la tenencia ilícita de armas en los lugares de custodia de la droga como “muy preocupante” y añadió que, durante 2022, se constató que las redes usan “armas cada vez más potentes”.
En distintos puntos de Andalucía se han incautado fusiles de asalto AK-47 (Kalashnikov), y hasta un arsenal escondido en el suelo de una vivienda con un subfusil Zastava, otro Skorpion que puede disparar 1.100 balas por minuto, numerosas pistolas, revólveres y escopetas de dos cañones, todas en perfecto estado de funcionamiento. Es la guerra. Una batalla que el pasado viernes se cobró dos nuevas víctimas y que no parece tener un final cercano.
