La actuación judicial se inició a raíz de la denuncia interpuesta por el Ayuntamiento de Algeciras contra Servicios Generales del Estrecho, al considerar que durante al menos tres años la sociedad estuvo cobrando a los ciudadanos tarifas superiores a las fijadas en las ordenanzas municipales por la retirada de los vehículos del depósito, ubicado en el Cortijo Real.
El fiscal jefe, Juan Cisneros, en un escrito fechado el 30 de diciembre de 2009 y remitido al Consistorio, señala que en relación a la actuación, “presuntamente ilícita”, de la mercantil Servicios Generales del Estrecho “le informo que sus denuncias dieron lugar a la incoación de las diligencias de investigación penal de esta Fiscalía de Área, diligencias en las que se dictó decreto de 1 de junio de 2009 por el que se acordó su judicialización mediante la interposición de denuncia”. Cisneros añade en la contestación que la denuncia ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 4 de Algeciras “que la tramita en el marco de las diligencias previas 3245/09”.
El Juzgado entiende así que existen indicios de delito en la prestación del servicio de la grúa por parte de Servicios Generales del Estrecho, al cobrar supuestamente en exceso a los ciudadanos, por lo que abre la causa por lo penal.
El caso salió a la luz pública cuando Europa Sur informó, en abril del año pasado, que el Ayuntamiento había abierto una investigación por estas supuestas prácticas irregulares. El Consistorio abrió un expediente sancionador al entender que la empresa llevaba aplicando alrededor de tres años unas tarifas superiores a las de las ordenanzas. Para ello se basaba en un informe realizado por el Área de Protección Ciudadana, fechado en julio de 2008, que reflejaba que la entonces concesionaria estaba cobrando 65 euros -IVA incluido- por la retirada de los turismos del depósito municipal, incluyendo en este precio el enganche y las primeras 24 horas de estancia. Sin embargo, las ordenanzas del Ayuntamiento para la grúa de ese año establecían un importe de 42,60 euros por la retirada del coche y 2,70 euros por el primer día en el depósito. Estos conceptos, tras aplicársele el 16% de IVA, arrojaban un total de 52,54 euros; por lo que Servicios Generales del Estrecho estaría cobrando 12,46 euros de más a los ciudadanos. Este desfase también se daba en el caso de las motocicletas, con una diferencia a favor del concesionario respecto a la normativa municipal de 14,07 euros.
El Ayuntamiento también denunció que se estaba incumpliendo la ordenanza en el concepto que regula la estancia en el depósito. Así, la normativa establecía una tarifa fija para los vehículos que estuvieran menos de 24 horas en el depósito -3,13 euros para los automóviles y motocicletas- y otra para los que superaran este tiempo -6,03 euros para los coches y 3,48 para las motos-; es decir, que se debía abonar lo mismo si el vehículo estaba custodiado 26 horas que cinco días. Sin embargo, según la denuncia del Consistorio, la empresa adjudicataria estaba cobrando por días de estancia, aplicando una tarifa de 20 euros diarios para los turismos y 15 euros para las motocicletas.
Cuando se conocieron estos hechos Servicios Generales del Estrecho disfrutaba de una prórroga del servicio ya que meses antes se había resuelto el nuevo concurso a favor de Nicolás Luna León. El Ayuntamiento remitió a la Fiscalía y a la Cámara de Cuentas toda la información sobre el caso, que ahora se verá en el Juzgado.
