IAM/ALJ La noticia de la semana es que la Comisión del Pacto de Toledo ha desautorizado la reforma de las pensiones del PP, cerrando un preacuerdo en el que recomienda que el mecanismo de revalorización anual de las pensiones sea en base al “IPC real”, que presentan como el mecanismo que ha de servir para conservar el poder adquisitivo de las pensiones.
El preacuerdo incluye una crítica expresa al Índice de Revalorización de las Pensiones (IPC) que creó el Gobierno de Rajoy, que encadenó subidas del 0,25%, que “nunca gozaron del suficiente consenso político y social”. Con estas palabras, la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo ha dado la espalda a la reforma unilateral de las pensiones que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013. En concreto a los famosos incrementos del 0,25% que sacaron a la calle a miles de pensionistas en el último año. El borrador de la Comisión cuenta con el respaldo de todos los grupos políticos, excepto ERC que tiene pequeñas reservas sobre su redacción, e incluyendo al PP que también suscribe este tirón de orejas al anterior Ejecutivo.
La vinculación de las pensiones al IPC queda ahora en manos del Gobierno, los sindicatos y la patronal, que abordarán la cuestión en el diálogo social. Con este preacuerdo se sale del atasco de la comisión parlamentaria que diseña las recomendaciones sobre el futuro del sistema público de pensiones. En el borrador, que aún debe ser firmado en el seno de la Comisión, se identifica el IPC como “el mecanismo que ha de servir para conservar el poder adquisitivo de las pensiones” y emplaza a que “cuando lo permita la situación económica” este indicador se pueda incluso aumentar. Las subidas en función al IPC se sitúan así como la referencia en este “acuerdo de mínimos”, aunque hay partidos reticentes a esta fórmula como PP y Ciudadanos. Los grupos políticos han recordado en cualquier caso que el Pacto de Toledo solo tiene la capacidad de recomendar, por lo que sus decisiones no generan ninguna obligación legal, y que le corresponde al Gobierno acordar la reforma que dé relevo al sistema creado por el PP en solitario hace cinco años. Pero tras conocer la existencia de un principio de pacto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado desde Nueva York que “asume ese acuerdo”.
La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha destacado siempre desde su cargo que la metodología del Gobierno pasa por reformar el sistema, pero con consenso político y social: ya ha conseguido el primero con esta recomendación de la Comisión del Pacto de Toledo y ahora debe negociar el segundo con los empresarios y sindicatos mayoritarios. Por el momento, la ministra ha descartado la vinculación de las pensiones al IPC de manera unilateral, pero considera que el IPC es la referencia obligada a tener en cuenta en cualquier negociación. Creo que no podemos ni debemos olvidar ciudadanía y Gobierno, lo que significa en una nación política la existencia de un sistema público de pensiones, pues éstas nos dan una razonable sensación de seguridad que solo un Estado responsable y fuerte puede garantizar. Pero hay más. Refuerza el vínculo de solidaridad entre las generaciones que se apoyan unas a otras a lo largo del tiempo. No hay nación política si no hay ese vínculo de solidaridad. El “sálvese quien pueda” nunca ha servido para trabar una sociedad políticamente y hacerla más fuerte. Y cuando estos mecanismos fallan aparecen los salvapatrias vendiendo la mercancía que los Gobiernos democráticos han descuidado, como estaba ocurriendo con el PP, que rescataba bancos, pero no tenía dinero para sostener pensiones.
