Los sindicatos consideran que esta decisión judicial demuestra “la necesaria sensibilidad de la Justicia con la familia del fallecido, impulsora de la demanda, y que reabre el caso y con él la posibilidad de depurar responsabilidades sobre los que consideran podría suponen un caso de presunta mala praxis médica”.
“Consideramos que la justicia puede jugar un importante papel para poner coto al mal funcionamiento de la Unidad de Valoración Médica de Incapacidades, y corregir los nefastos efectos de la decisiones de esta están teniendo sobre la salud de muchas personas trabajadoras”, sostenía desde las centrales sindicales mayoritarias.
De igual manera, los secretarios comarcales de CCOO y UGT, Manuel Triano y Ángel Serrano, ha reiterado su denuncia sobre la “falta de sensibilidad” de los responsables políticos de la Junta de Andalucía en este terreno que, “pese a los compromisos contraídos con los representantes de los trabajadores, han sido incapaces de adoptar medidas y modificar los protocolos de la inspección médica para corregir su más que deficiente funcionamiento y las consecuencias que este tiene para la salud y la vida de los trabajadores”.
Los responsables sindicales han vuelto a recordar que “no se han cumplido” los compromisos que adquiridos, hace más de un año, por el Delegado Territorial de Salud de Cádiz con los sindicatos al respecto de los cambios que iban acometerse en lo referente a las actuaciones de los inspectores médicos y mutuas. Y cómo “tampoco se han adoptado medidas tras la a la proposición no de ley en Comisión de Salud del Parlamento de Andalucía que presentó Izquierda Unida y que hace referencia al control de incapacidades”.
Desde UGT Y CCOO “seguimos pensando que el médico de familia debe tener un papel clave en todo este proceso y que los protocolos actuales los ningunean a niveles inaceptables. Son demasiadas la ocasiones en las que a los trabajadores enfermos se les devuelve a sus puestos sin terminar el proceso de recuperación adecuado y con negativas consecuencias para su salud”.
Por último, los sindicatos manifestaban que no van a cejar en su empeño de reclamar de los responsables políticos de la Junta de Andalucía el cambio de los protocolos de actuación en este terreno
IAM/Redacción
