Las posibles sanciones derivadas de estos procedimientos ascienden a 1,8 millones de euros. Según han explicado a Europa Press fuentes de la Consejería de Fomento y Vivienda, el motivo de apertura de los expedientes es no haber ofrecido viviendas protegidas a los registros municipales de demandantes, obligación establecida por el artículo 20 de la Ley de Vivienda Protegida, introducido en su actual redacción por la Ley de Función Social de la Vivienda. Los expedientes parten de que los inmuebles protegidos, construidos con dinero público, deben prestar una función social. Cádiz es la segunda provincia con mayor número de viviendas protegidas sin registrar. Los registros municipales establecen los mecanismos de selección para la adjudicación de viviendas de protección pública y señalan los requisitos socioeconómicos para el acceso a las mismas bajo principios de igualdad, publicidad y concurrencia. Detalla que las entidades financieras en cuestión son Banco Popular con 20 viviendas –cinco en Chiclana, cuatro en Jerez, tres en Ubrique, tres en Los Barrios, una en Sanlúcar, una en Algeciras, 1 en San Fernando, una en La Línea y una en Medina Sidonia–; BBVA con seis –dos en San Fernando y una en Arcos, Rota, Trebujena y Ubrique–; Servihabitat con dos, ambas en Chiclana, y dos de Building Center en Cádiz y Chiclana. Explican las citadas fuentes que estas 30 VPO no son las únicas sin asignar a los registros municipales, sino aquellas que la Consejería que dirige Elena Cortés ha logrado acreditar a partir de la información remitida por las propias entidades financieras en cumplimiento de la Ley de Función Social de la Vivienda. En total, se trata de 185 viviendas protegidas en Andalucía que no han sido ofrecidas a los registros municipales. Por provincias, hay 43 viviendas en Sevilla, 30 en Cádiz, 22 en Almería, 22 en Córdoba, 20 en Granada, 17 en Jaén, 17 en Málaga y 14 en Huelva. Las posibles sanciones ascienden a 11,1 millones. Cada inmueble protegido que no haya sido ofrecido al correspondiente registro supone una infracción “muy grave”. La Consejería, que a través de sus delegaciones territoriales ha detectado e informado de dichos incumplimientos, ha notificado los expedientes a las entidades con una sanción de 60.000 euros por vivienda, tal y como informó Elena Cortés en el Parlamento el pasado 3 de abril. Finalmente, recuerda que la Ley de Medidas para Asegurar la Función Social de la Vivienda no fue impugnada por el Gobierno central en su totalidad, sino sólo algunos preceptos, como la potestad de sancionar a entidades financieras por mantener casas vacías durante más de seis meses o la de expropiar temporalmente su uso para evitar desahucios de familias en riesgo de exclusión social. Los artículos que permiten vigilar y sancionar los incumplimientos de las obligaciones de la función social de las viviendas protegidas continúan “plenamente vigentes”.
