Todos los grupos parlamentarios presentes en la comisión de Obras Publicas y Vivienda han aprobado por unanimidad una proposición no de Ley presentada por el PSOE-A en la que se insta a la Junta a desarrollar las acciones necesarias ante el Gobierno de España y ante la Unión Europea (Parlamento y Consejo de Europa) para garantizar la ejecución “armonizada en el tiempo y en el territorio” de la propuesta de Corredor Mediterráneo incluida en la nueva Red Transeuropea de Transportes.
En la iniciativa inicial del PSOE, a la que ha tenido acceso Europa Press, el grupo socialista planteaba que el Ejecutivo andaluz lleva a cabo las acciones necesarias ante la administración central y las instituciones europeas para incorporar, antes de la aprobación definitiva de la nueva Red Transeuropea de Transportes, la realización del estudio que valore técnica, económica y ambientalmente la conexión del puerto de Motril (Granada) con el Corredor Mediterráneo, y su posible ejecución.
Según recoge el PSOE en la iniciativa, el trazado del Corredor Mediterráneo por nuestra comunidad tiene una parte común, desde Almería hasta Antequera, pasando por Granada; y dos ramales, uno desde Antequera hasta Algeciras, y el otro desde Antequera hasta Sevilla, reforzando este último la importancia, y las actuaciones llevadas a cabo por el Consejo de Gobierno en el Eje Transversal Ferroviario de Andalucía.
A su juicio, la propuesta de la Comisión Europea da respuesta, en términos generales, a los planteamientos del Gobierno y Parlamento andaluces, en la medida en que el trazado propuesto para el Corredor Mediterráneo garantiza el acceso al mismo de la mayoría de los puertos de interés general del Estado y de los nodos logísticos de la comunidad.
Sin embargo, según añade, la decisión de la Unión Europea no incluye el estudio planteado por el Ministerio de Fomento para valorar técnica, económica y ambientalmente la conexión ferroviaria del puerto de Motril con el Corredor Mediterráneo.
Según los socialistas, la decisión de la Unión Europea, aunque importante para los intereses generales de nuestra comunidad y para el desarrollo económico y la creación de empleo en nuestra tierra, no es definitiva, por lo que existe “la posibilidad de mejorarla con la presentación de alegaciones que pudieran ser tomadas en consideración por el Parlamento o por el Consejo Europeo antes de su aprobación definitiva, siempre que las mismas no pongan en peligro lo conseguido en estos momentos”.
