Agentes de la Policía Nacional en colaboración con el Ayuntamiento de Algeciras, han llevado a cabo una operación policial en cuyo transcurso fueron detenidas dos personas –madre e hijo– como presuntas autoras de un delito contra los derechos de los trabajadores y por un delito de favorecimiento de la inmigración irregular.
Bajo la denominación ejecutiva de «Operación Pastela», los agentes llevaron a efecto una inspección conjunta con la Inspección Provincial de Trabajo en una panadería situada en el centro de Algeciras, en cuyo obrador fue localizada una mujer en estancia irregular en nuestro país. A sabiendas de su condición de «sin papeles», los detenidos aprovecharon su situación de vulnerabilidad para imponerle condiciones laborales abusivas: altas temperaturas, 60 horas semanales de trabajo, sin descanso alguno ni siquiera cuando se encontraba enferma y con un salario inferior al resto de sus compañeros. Además, se le advirtió de que si la Policía accedía al local tenía que huir del mismo a toda costa para no ser detenida.
La víctima aceptaba esas condiciones al no tener otro modo con el que mantener a su familia en el extranjero, y dado que sus explotadores le adeudaban parte de su salario, tenía la esperanza de cobrar si continuaba ejerciendo sus funciones a pesar de las condiciones precarias en que desarrollaba su trabajo.
Los agentes adscritos a la UCRIF de Algeciras, según informa la Policía Nacional, tienen conocimiento de la reiteración de estas conductas en zonas fronterizas como el Campo de Gibraltar, donde «por un lado empleadores sin escrúpulos se aprovechan de trabajadores irregulares para imponer condiciones laborales cercanas a un régimen de semiexclavitud, y por otro lado posibilita el florecimiento de una economía sumergida cuya consecuencia más notable es poner en desventaja económica y de mercado a empresarios que cumplen con lo establecido en la legislación laboral».
En ese sentido la Policía Nacional realiza un plan continuo de inspecciones laborales en Algeciras, habiendo inspeccionado desde enero de este año un total de 40 establecimientos, identificados 115 trabajadores, y que ha derivado en la detención de 4 personas por su presunta implicación en delitos contra los derechos de los trabajadores.
