La Policía Nacional desalojó este sábado, en torno a las 14:00 horas, a un grupo de personas que habían accedido a una vivienda situada en la urbanización del Faro de Punta Carnero, en Algeciras. La actuación se llevó a cabo tras el aviso de varios vecinos de la zona, que se organizaron para alertar de la presencia del grupo en el inmueble, supuestamente abandonado.
Según fuentes vecinales, medio centenar de residentes se movilizaron y colaboraron de forma coordinada con las fuerzas de seguridad. Los vecinos, que ya venían realizando diversas acciones conjuntas —como su participación reciente en la extinción de un incendio originado en una de las parcelas de la zona—, han agradecido la rápida y eficaz intervención de la Policía Nacional, que permitió restablecer la calma en la urbanización.
No obstante, el malestar y la preocupación persisten entre los residentes, quienes aseguran haber recibido amenazas por parte de uno de los integrantes del grupo desalojado y temen que puedan intentar regresar en cualquier momento.
La versión del grupo desalojado
Por su parte, las personas implicadas niegan ser okupas y ofrecen una versión distinta de los hechos.
“No somos okupas. Los okupas se quedan en la vivienda y no dejan pasar a la Policía para que compruebe su versión. Nosotros dejamos entrar a los agentes”, explican.
Aseguran además que no forzaron ninguna puerta, ya que se trataba de una vivienda abandonada y abierta, que hace 19 años perteneció a su familia.
“Entramos solo para ver cómo estaba y comprobar si alguien había ocupado la casa, porque habíamos escuchado que otras personas querían hacerlo. De hecho, intentamos localizar al propietario para informarle”, añaden.
Investigación abierta
Fuentes policiales consultadas indican que la intervención se desarrolló sin incidentes graves y que el desalojo se produjo de forma voluntaria, tras comprobarse la situación del inmueble. La vivienda, según los primeros indicios, no se encontraba habitada ni en uso en el momento de los hechos.
La investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias del acceso al inmueble y determinar si existió o no algún tipo de infracción penal o administrativa.
