El PSOE logra sacar adelante la comisión con el apoyo del PP, pero una enmienda popular condiciona cualquier investigación municipal a que existan hechos probados judicialmente. Vox se abstiene y Landaluce vota en contra
El Ayuntamiento de Algeciras ha aprobado la creación de una comisión de investigación sobre el caso de José Ignacio Landaluce y los presuntos casos de acoso sexual que se le atribuyen, pero el acuerdo llega con una condición que marca su alcance: la comisión no podrá comenzar a investigar hasta que exista una declaración judicial de hechos probados.
La iniciativa, presentada por el PSOE, salió adelante este viernes con 19 votos a favor, tres abstenciones y cinco votos en contra, después de que los socialistas aceptaran una enmienda del PP que supedita el trabajo de la comisión al pronunciamiento de la Justicia penal.
El resultado deja una situación que, en la práctica, supone un sí a la creación de la comisión, pero un no a que empiece a trabajar de inmediato.
Una comisión aprobada, pero sin capacidad de investigar por ahora
La comisión municipal deberá analizar, cuando pueda iniciar sus trabajos, qué se conocía en el Ayuntamiento sobre las presuntas conductas denunciadas, quién tenía conocimiento de ellas y qué actuaciones se realizaron desde 2011 hasta la actualidad.
Sin embargo, la enmienda del PP establece que su labor queda supeditada a la declaración de hechos probados por orden judicial penal y que no podrán realizarse investigaciones antes de ese momento. Esta condición limita el alcance inmediato de la iniciativa y aplaza su actividad hasta que avance el procedimiento judicial.
El PSOE defendía que la comisión debía servir para esclarecer las posibles responsabilidades políticas y conocer cómo se actuó dentro de la institución municipal ante los hechos denunciados.
La concejala socialista Rocío Arrabal reclamó que se investigue «qué se sabía, quién lo sabía y por qué no se hizo nada», y pidió al nuevo alcalde, Jacinto Muñoz, que la comisión no termine convirtiéndose en «un paripé».
El PP defiende que el relevo en la Alcaldía ya supuso asumir responsabilidades
Desde el Partido Popular, Javier Vázquez Hueso sostuvo que la iniciativa socialista estaba dirigida contra el nuevo alcalde y recordó la existencia de dos denuncias en los juzgados.
El concejal popular defendió que el cambio en la Alcaldía ya había supuesto la exigencia de responsabilidades políticas y afirmó que «no hay mayor responsabilidad que una moción de censura».
La posición del PP permitió que la comisión saliera adelante, aunque incorporando la condición que impide que comience a investigar antes de que exista un pronunciamiento judicial sobre los hechos.
Landaluce vota en contra y reivindica la presunción de inocencia
José Ignacio Landaluce, actualmente concejal no adscrito tras abandonar la Alcaldía, votó en contra de la comisión y volvió a defender su inocencia. El exalcalde aseguró que no se opone a que se investiguen los hechos, pero rechazó lo que considera una condena anticipada.
«No me opongo a que se investigue, me opongo a que se me condene antes de juzgar», afirmó, reivindicando su presunción de inocencia y defendiendo que corresponde a los jueces esclarecer lo sucedido.
Landaluce fue apartado de la Alcaldía tras la moción de censura presentada por PP y Vox, que permitió el relevo al frente del Ayuntamiento.
Vox se abstiene por considerar que la comisión invade competencias judiciales
El portavoz de Vox, Antonio Gallardo, justificó la abstención de su grupo al considerar que la comisión supone una «extralimitación competencial» y una «injerencia judicial».
Vox defendió que corresponde a los tribunales determinar los hechos y dictar, en su caso, las sentencias condenatorias o absolutorias.
El «sí, pero no» de la comisión
La aprobación de la comisión supone un acuerdo político para que el Ayuntamiento examine en el futuro qué ocurrió y cómo se actuó ante las denuncias, pero la condición introducida por el PP impide que ese examen comience ahora.
La comisión existe sobre el papel, ha sido aprobada por el Pleno y tiene un objeto definido. Sin embargo, su puesta en marcha queda pendiente del avance judicial y de la declaración de hechos probados.
La pregunta que queda en el aire es si esta comisión servirá finalmente para esclarecer las posibles responsabilidades políticas y el funcionamiento interno del Ayuntamiento o si, al quedar condicionada a la Justicia, su capacidad de actuación quedará aplazada durante un tiempo indeterminado.
Una comisión aprobada para investigar, pero que por ahora no puede investigar.

