La Asociación de Juristas Gitanos ha expresado su «entera satisfacción» por el fallo del Tribunal Constitucional, de forma unánime, «a favor de nuestra solicitud de amparo para la familia de Daniel Jiménez, el joven gitano que falleció en la comisaría de Algeciras el 1 de junio de 2020″. La decisión del Alto Tribunal acepta la petición de amparo a la vez que anula las decisiones del juzgado de instrucción y de la Audiencia Provincial de Cádiz y ordena reabrir la investigación del caso.
Daniel murió en su celda en circunstancias «que no nunca fueron aclaradas, solo unas horas después de hablar con su padre por teléfono para informarle que sería puesto en libertad a la mañana siguiente». Según la versión policial, «Daniel se suicidó en su celda. La jueza de instrucción, por su parte, ordenó el archivo de la causa sin mediar investigación alguna».
Acusación particular
Tal y como informa el Diario Área, desde Juristas Gitanos «asumimos entonces la defensa de la familia y nos personamos, además, como acusación particular. Recurrimos el sobreseimiento del asunto y solicitamos la práctica de diligencias tan básicas y pertinentes como la toma de declaración de los policías encargados de la vigilancia cuando murió, así como de otros detenidos que estaban en las celdas contiguas y del médico forense encargado de la autopsia, o el examen de la manta que usó Daniel a fin de determinar cómo pudo confeccionar la cuerda con la que supuestamente se ahorcó», comenta en un comunicado.
Entonces, «se denegaron todas, tanto por parte del juzgado como posteriormente por parte de la Audiencia Provincial, a pesar de que las grabaciones de seguridad no permitían esclarecer los hechos: en las celdas no se disponía de cámaras, tal como exige la instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad, mientras que la visión de la cámara del pasillo quedaba obstaculizada por una papelera».
En concordancia con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una muerte bajo custodia policial «es siempre una anomalía que debe investigarse con mayor rigor por parte de los jueces, hasta agotar todos los medios de prueba razonables, más aún teniendo en cuenta que la comisaría de Algeciras incumplía las exigencias de la Secretaría de Estado». En el caso de Daniel, «se impidió una investigación más exhaustiva y se vulneró con ello el derecho a tutela judicial efectiva de la familia del joven fallecido. Por este motivo recurrimos en amparo», indican desde la asocación.
Después de más de tres años y medio desde los hechos denunciados, el Tribunal Constitucional «se alinea con nuestros argumentos y concluye que efectivamente el juzgado de instrucción y la Audiencia Provincial se equivocaron al no adoptar ‘las exigencias del canon constitucional de investigación judicial suficiente y eficaz’, vulnerando así los derechos de los recurrentes y de la acusación popular». Además, se ordena la reapertura de la investigación. «Ahora, por fin, la familia tendrá la oportunidad que le negaron de esclarecer los hechos y saber con certeza qué le sucedió a Daniel».
Nunca antes el Tribunal Constitucional se había pronunciado sobre un asunto relacionado con una muerte bajo custodia policial. Esta sentencia es, por tanto, «un hito jurídico que marca la pauta a seguir en el futuro por parte de los juzgados ante denuncias por violencia o muerte de personas bajo tutela del Estado, lo que evitará que estas se archiven sin ser debidamente investigadas, con suficiencia y eficacia».
El abogado cordobés Manuel Reyes y la abogada almeriense Teresa Heredia han asumido en distintos momentos la representación de la familia de Daniel como acusación particular, mientras que Luis Mendoza, abogado de Lucena, ha representado a la asociación en calidad de acusación popular.
La Asociación de Juristas Gitanos es una organización sin ánimo de lucro fundada por jóvenes estudiantes de Derecho de la Universidad de Alicante (donde mantiene su sede social), que no cuenta con financiación pública y se sostiene exclusivamente con fondos propios y gracias al trabajo voluntario de sus asociados y colaboradores, como es el caso de los tres letrados gitanos que han colaborado en esta causa: Manuel Reyes, Teresa Heredia y Luis Mendoza.
