“Este proceso privatizador ya ha sido experimentado por otros sectores públicos, provocando una subida de precios a los ciudadanos y precariedad laboral para los trabajadores y trabajadoras.” Ha manifestado el Secretario de Organización de IULV-CA, Juan José Rodríguez.
Según Rodríguez, esta Directiva postal tiene la peculiaridad de afectar a un sistema productivo, que emplea en España a unos 68.000 trabajadores y trabajadoras, no establece criterios claros sobre el modelo de financiación del Servicio Postal Universal, sobre el acceso a las redes postales públicas o sobre garantías para el empleo. Esta directiva puede poner en cuestión la viabilidad de un servicio público que ya en nuestro país está sufriendo sus primeros recortes. “IULV-CA se ha opuesto en el Parlamento Europeo a esta Directiva por considerar que sólo persigue desmantelar un servicio público y eliminar el servicio público universal, buscado sólo el beneficio a corto plazo de algunas empresas”
Por último, el dirigente de la formación de izquierda ha especificado las claves principales de la moción presentada, entre las que ha destacado posponer la entrada en vigor de la Tercera Directiva Postal más allá de enero de 2011, la aprobación de una nueva Ley Postal que asegure el servicio postal público y universal, contemplando medidas de protección, regulación e inversión pública, y para finalizar, dar traslado de los Acuerdos a la Mesa del Congreso de los Diputados, a los titulares de los Ministerios de Fomento, Hacienda e Interior y a la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO.
