P. ¿Qué opina de la frontera tras la visita que realizó ayer y los comentarios que ha podido escuchar?
R. Era casi para echarse a reír, porque, por las noticias que se publican regularmente, sé de los frecuentes retrasos y las molestias que sufre la gente en ella, pero no vi que estuvieran reteniendo a nadie… En cierto modo fue positivo, pero es imposible no pensar que mi visita de esta semana y el hecho de que la Comisión Europea venga mañana no hayan tenido nada que ver con ello. Sea como fuere, he podido conocer de boca de diferentes personas la frustración y el resentimiento que sienten, con razón, por el trato recibido. Por un lado, los controles en la frontera tienen una motivación política y desproporcionada. Nadie le niega a España el derecho a realizar controles reales contra el contrabando, pero lo que ha llegado a nuestros oídos son retrasos que no parecen tener nada que ver con información policial o perfiles de riesgos.
P. ¿En qué momento una cola pasa a ser desproporcionada?
R. No creo que la clave estribe en su longitud. La clave está en determinar si los controles se están realizando de manera necesaria y proporcionada, y de forma que se reduzcan al máximo las molestias para esa mayoría de viajeros de buena fe. Lo que he escuchado en la frontera es que se retiene a todo el mundo y que toda la fila, coche tras coche, sufre los retrasos que ocasionan los supuestos controles, que después no terminan de ser un control exhaustivo. Ni siquiera ponen a un perro policía a olfatear alrededor del coche. Es un intento tremendamente obvio de provocar retrasos. He hablado con gibraltareños que están en clubes ciclistas y que cruzan para entrenar y me han dicho que se presentan en la frontera con una bici de carretera, con ropa ajustada de licra, y que les paran para interrogarles y preguntarles si llevan tabaco.
P. Ha tenido la oportunidad de ver el trabajo realizado por el Gobierno de Gibraltar para cumplir con las recomendaciones de la Comisión Europea. ¿Le parece que se ha hecho lo suficiente, especialmente en lo que respecta al tabaco?
R. Creo que el Gobierno de Gibraltar ha avanzado mucho en lo relativo a la eficacia y agilidad de los controles en su lado de la frontera, así como en cuanto a las nuevas restricciones al tabaco, que han sido concebidas para luchar contra el contrabando. Estoy seguro de que demostrarán a la Comisión sin la menor duda que Gibraltar se ha tomado muy en serio las recomendaciones formuladas en la carta por la institución y que ha actuado. Obviamente, habrá que ver qué dice la Comisión, pero quedé muy impresionado por lo que vi ayer.
P. España no ha actuado con tanta rapidez.
R. España lo ha demorado todo lo que ha podido. Recuerdo ir a Madrid muy poco antes de que expirara el plazo para responder a la Comisión y se lo planteé al ministro español, que me dijo “Ah, sí, estamos a punto de anunciar esta noche que vamos a hacer esto y aquello”. La comparación que haría es que Gibraltar ha asumido las recomendaciones de la Comisión y ha actuado en consecuencia, mientras que España ha dicho que iba a actuar y luego no ha hecho nada, y, según parece, está hablando de retrasar más si cabe la implantación [de las medidas]. Me parece inaceptable y no creo que sea una respuesta adecuada a la flagrante violación de los derechos de los ciudadanos europeos de la que España es responsable.
P. ¿Hará lo que el Comité de Asuntos Exteriores [de la Cámara de los Comunes] le está pidiendo que haga y tomará algún tipo de medida legal si no cambia nada?
R. Ciertamente no lo hemos descartado y seguimos sopesando si podría perfilarse como la vía de actuación apropiada en algún momento. Sería mejor si fuera la Comisión Europea la que definiese las medidas legales, porque, en teoría, actúa como guardián imparcial de los tratados y, por lo tanto, del derecho de los gibraltareños y españoles a cruzar la frontera con las menores molestias. He de admitir también que un litigio no es garantía de pronta solución. Incluso aunque uno crea que tiene una sólida base jurídica, llevar una causa ante el tribunal europeo, que se celebre una vista y que se dicte sentencia firme es un proceso que suele prolongarse varios años. Si tomamos esa vía, la solución no va a ser rápida.
P. No parece que le entusiasme esta vía de actuación.
R. La mejor opción, si es que lo logramos, es que España tome las medidas necesarias para responder a la carta de la Comisión, sin tener que recurrir a un proceso judicial de varios años. Se trata de hacer el esfuerzo de sopesar en todo momento qué cauce ofrece más probabilidades de conseguir el resultado que el pueblo de Gibraltar merece y desea ver. Sin embargo, nos enfrentamos a una realidad: que el Gobierno español parece dispuesto a anteponer la política al bienestar de los ciudadanos de la UE.
P. Confía en que se produzca un cambio en la actitud del Gobierno español, pero la realidad es que no hay nada que parezca funcionar. Han tenido la oportunidad de verlo aquí en Gibraltar, en el Comité de Asuntos Exteriores. Han tenido también la oportunidad de verlo ustedes mismos, tras haber convocado al embajador español cuatro o cinco veces. ¿Qué se le pasa por la cabeza cuando vuelve a convocar al embajador y la respuesta es el silencio?
R. Una frustración enorme, porque es obvio que tenemos que ceñirnos a lo que dictan las leyes británicas y también queremos asegurarnos de que las medidas que tomamos van encaminadas a conseguir mejoras para Gibraltar y no agravan la situación aún más. A veces es frustrante. La realidad geográfica permite a España abrir y cerrar el grifo en la frontera, y, en los últimos años, no puede justificarse de ninguna manera su manera de actuar en materia de controles. El Gobierno español se precia de respetar los tratados europeos y las instituciones europeas. El Ministro de Exteriores y el Ministro para Europa [españoles] fueron miembros del Parlamento Europeo durante muchos años antes de ocupar sus cargos actuales. Una de las cosas que queremos hacer es intentar utilizar ese respeto explícito por las instituciones europeas y el Derecho comunitario para conseguir que se respeten los derechos de los gibraltareños y de las personas que viven en el Campo de Gibraltar.
P. Pero ¿de momento, no lo ha logrado, no es cierto? Lo estamos viendo no sólo en la frontera, sino también en la bahía y con las restricciones a los movimientos militares. Ese respeto entre países que son socios parece disiparse con Gibraltar. Usted le dijo una vez al Comité de Asuntos Exteriores que las buenas relaciones bilaterales entre España y el Reino Unido no podían existir a expensas de Gibraltar, pero desde el punto de vista del Peñón, da la sensación de que eso es exactamente lo que está ocurriendo.
R. No es así. Creo que si analizamos lo que el Gobierno británico ha hecho desde que asumió el poder, vemos que, en primer lugar, hemos descartado totalmente la idea de la soberanía compartida u otras soluciones de compromiso. Ahora es un hecho, cosa que no ocurría con anteriores gobiernos. Tenemos un claro compromiso doble [con Gibraltar] en cuanto a las conversaciones sobre este punto[1], y aunque nosotros lamentamos mucho que España se haya descolgado del proceso trilateral, seguimos comprometidos al 100% con no volver al proceso de Bruselas o entablar conversaciones bilaterales sobre soberanía, que es lo que el Gobierno español reivindica. Estamos abiertos a conversaciones ad hoc en las que participen el Reino Unido y Gibraltar, y seguimos confiando en que el Gobierno español acepte la propuesta, porque existen no pocos problemas de índole operativa, como la lucha contra delitos de distintos tipos o la contaminación, que afectan a ambos territorios y donde debería haber una relación y conversaciones de trabajo. Me temo que el actual Gobierno español no parece dispuesto a ser razonable.
P: ¿Cómo afecta esta actitud del Gobierno de España frente a Gibraltar a la relación general entre el Reino Unido y España?
R: Ha supuesto que las relaciones con España sean menos cordiales de lo que serían si su actitud fuera otra. Es decir, en los encuentros bilaterales entre los ministros y funcionarios británicos y españoles, dedicamos más tiempo a denunciar el trato que dispensan a Gibraltar. Aunque lamento que no vayan a cambiar de postura sobre la soberanía, acepto que es una realidad. Sería ideal que España dijera: “mantenemos nuestras pretensiones soberanistas, pero, en cuanto a las relaciones cotidianas, vamos a centrarnos en lo importante, no vamos a entrometernos en la vida de la gente y vamos a poner fin a estas incursiones inútiles”.
P: El Comité de Asuntos Exteriores y una buena parte de la población de Gibraltar quieren que el Reino Unido aumente la presión sobre España, de manera que si no retrocede en este asunto, el Reino Unido no le prestará su apoyo en otros asuntos internacionales que le puedan interesar, como, por ejemplo, su candidatura como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Hasta qué punto podría el Reino Unido emprender ese camino?
R: Efectivamente, el comportamiento de España hacia Gibraltar nos vuelve menos receptivos a sus peticiones en otros asuntos. Concretamente, en la cuestión de las Naciones Unidas y dado que somos miembro permanente del Consejo de Seguridad, nuestra política es no revelar nunca nuestra intención de voto sobre los miembros no permanentes. Es verdad que España intentó entrar en el Consejo el año pasado y no lo consiguió dentro del grupo regional europeo.
P: ¿Cuál es el obstáculo para celebrar las conversaciones ad hoc? ¿Es realista pensar que se van a entablar con el presente gobierno de España?
R: Bueno, eso espero, porque, en principio, el Gobierno español ha accedido a mantenerlas.
P: ¿Cuál es el escollo?
R: El escollo hasta ahora ha sido concretar un acuerdo sobre la fórmula de representación y los objetivos con los que ambas partes se sientan cómodas. Esperamos poder alcanzar un acuerdo. Mantenemos conversaciones periódicas con el Ministro Principal al respecto porque para nosotros es fundamental cerciorarnos de que esté al tanto y que el Gobierno de Gibraltar sepa cuáles son las últimas propuestas o las contrapropuestas que están sobre la mesa. Así que lo seguimos intentando.
P: ¿Puedo preguntarle qué es lo que quiere España? R: Inténtelo, pero no voy a entrar en detalles.
P: Está diciendo que tiene esperanzas, pero también creo observar que dice que es improbable.
R: Tengo esperanzas, pero soy realista. Redundaría en interés de todos mantener estas conversaciones, por lo que espero poder alcanzar un acuerdo. Recientemente, España ha dado algunas señales de que vuelve a ver con buenos ojos la propuesta, pero ya veremos en qué queda. P: Hablemos de las aguas territoriales. Dice que las incursiones no afectan en modo alguno a la soberanía, pero lo cierto es que la Comisión Europea ha reconocido como espacio protegido español un entorno natural ubicado en aguas británicas. Este reconocimiento le otorga derechos legales a España en estas aguas, y, básicamente, cuando, por ejemplo, envían un buque de investigación están ejerciendo estos derechos. R: El motivo por el que nos tomamos tan en serio la incursión de los buques de investigación es que, cuando realizaban sus pruebas, estaban claramente intentando ejercer su jurisdicción en aguas territoriales británicas de Gibraltar, contra lo que había que protestar enérgicamente. Las incursiones, en conjunto, son un desafío, una violación de la soberanía británica, pero no suponen una amenaza, ya que no socaban en modo alguno la soberanía que el derecho internacional nos reconoce sobre esas aguas.
P: Las incursiones no lo hacen, pero ¿la calificación medioambiental que hay detrás?
R: La calificación, que fue un desastre cuya responsabilidad recae en la última Comisión y el anterior Gobierno británico, fue… Repito, hemos consultado las normas en la materia y la calificación carece de todo efecto si, para empezar, las aguas no son españolas. El efecto sería el mismo que si ahora fuéramos nosotros a la Comisión Europea y les colásemos una zona británica en algún lugar de la costa normanda.
P: Pero la realidad es que el Reino Unido dice que las aguas son británicas y España dice que son suyas. Cuando intentó recurrir la calificación ante la Tribunal Europeo de Justicia, fracasó por motivos técnicos. Igual que la impugnación por parte del Gobierno de Gibraltar. Desde entonces, no ha habido ningún movimiento a este respecto, que sepamos. ¿En qué punto está el recurso contra la calificación, que es el origen del problema?
R: Hemos comunicado a la Comisión que debería sancionar a España por infringir la obligación de plena cooperación al no comunicar formalmente al Gobierno británico la calificación. P: ¿Y qué ha respondido la Comisión? R: La Comisión no está dispuesta a adentrarse por ese camino. Sinceramente, creemos que en las instituciones europeas existe una reticencia enorme a inmiscuirse en las discusiones bilaterales y en demandas y contrademandas por la soberanía, tal y como observamos durante el proceso judicial, en el que se esgrimieron tecnicismos como vía de escape, y así se refleja en la postura de la Comisión. Y creo que la idea de que no te conviene meterte en ese jardín es algo que está muy arraigado en la mentalidad de Bruselas.
P: Entonces, ¿qué opciones hay?
R: Bueno, seguimos insistiendo a la Comisión al respecto y no dejamos de reiterar que, después de algunos episodios bastante peligrosos con los buques de investigación, en los que ha habido un riesgo elevado de que se produjera un accidente grave en las aguas, son parcialmente responsables de la situación en la que nos encontramos ahora por decisiones tomadas en el pasado, por lo que debe involucrarse activamente e intentar solucionarlo.
P: Así que, ¿quiere que la Comisión se posicione?
R: Bueno, creo firmemente que el Gobierno de Reino Unido sí que se ha posicionado. Queremos que la Comisión sepa que este asunto es responsabilidad suya. El deber primordial del Reino Unido en estas circunstancias es garantizar que se planta cara de manera eficaz a cualquier intento por parte de España de ejercer su jurisdicción. P: Se le ha solicitado que amplíe las aguas territoriales a 12 millas y no lo ha descartado. ¿Sigue siendo el caso? R: No lo hemos descartado. P: ¿Y con qué objetivo se haría? R: Sería una afirmación simbólica de la soberanía. En términos de consecuencias prácticas, no creo que vaya a comportar un beneficio económico para la población de Gibraltar; sería más una cuestión de hacer valer en firme la soberanía británica y nuestros derechos internacionales, ya que la ampliación a 12 millas se basaría en nuestro actual y fundamentado derecho sobre las aguas territoriales de Gibraltar.
P: ¿Está a punto de tomar una decisión?
R: El Gobierno británico debería tomar una decisión colectiva para poder proceder y no quiero prejuzgar la situación. P: ¿Qué importancia tiene para usted que el Gobierno de Gibraltar resuelva el problema de la pesca? R: Creo que es importante que se progrese en esta materia. La Constitución del 2006 reserva esta competencia al Gobierno de Gibraltar. El Ministro Principal declaró en público que quiere encontrar la manera de crear un sistema nuevo y modernizado de legislar el sector pesquero y la conservación marina. Creo que ese sería el camino correcto.
