En nota de prensa los ecologistas apuntan que el convenio urbanístico firmado entre el ayuntamiento y la empresa del exfutbolista Borja Merayo es un escándalo por suponer la privatización de suelo público sin concurso donde están construidos dos institutos de secundaria, un colegio de primaria y un polideportivo municipal, lo que podría suponer posibles delitos de prevaricación y malversación de patrimonio público.
Consideramos, en primer lugar, que lo prioritario es una revisión del obsoleto Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) por parte del Ayuntamiento, algo que lleva más de diez años esperándose, y no dejar en manos privadas la redacción y el planeamiento de los usos de suelos y su ejecución, más de 148.000 metros cuadrados en un lugar emblemático del municipio, además de que este convenio se haya llevado a cabo sin concurso público alguno. No entendemos cómo se pretende dejar en manos privadas la ordenación de un espacio que en su mayor extensión es público.
Como ciudadanos no podemos permanecer impasibles ante el despropósito de que una empresa privada sea la que determine una reforma urbanística en Tarifa de gran envergadura e importancia en un nuevo ejercicio de la privatización de lo público.
Los suelos que se pretenden privatizar pertenecen al Patrimonio Municipal de Suelo, que la ley le adscribe como destino la construcción de vivienda protegida y equipamientos. Ni hoteles ni viviendas libres tienen cabida en estos suelos públicos. Si el Ayuntamiento vende estos suelos para esos usos privativos incurriría en una grave ilegalidad.
Con este borrador de convenio el Ayuntamiento de Tarifa está replicando un modelo de desarrollo insostenible que está siendo cuestionado por los habitantes de zonas en las que se ha implantado con anterioridad. Un modelo especulativo basado en la construcción de nuevas zonas residenciales, turísticas, hoteleras y comerciales que ha dado lugar al aumento del coste de la vida y al desmesurado encarecimiento de la vivienda, que la hace inasequible para un gran número de ciudadanos que se ven abocados a no poder vivir en su ciudad. Este convenio, aun con el correspondiente 20% de porcentaje de vivienda de protección oficial, incrementa de manera desmesurada las viviendas de renta libre y los apartamentos turísticos, que tendrán unos precios desorbitados que aumentarán la especulación, cuando un Ayuntamiento debería velar por la sostenibilidad de la vida de los ciudadanos a los que representa y atender a un modelo de ciudad sostenible.
A todo ello se une la preocupación no menor de que la valoración de los suelos no se realiza de manera pública si no que se ha realizado por la empresa Granparcela S.L., lo cual puede conllevar que propietarios minoritarios no puedan afrontar los costes de urbanización y se vean obligados a afrontarlos por imposición del sistema de compensación con la entrega de parte de sus terrenos a Granparcela S.L.
Sobre otro de los aspectos del borrador del convenio, el desmantelamiento y traslado de los centros educativos, en base a que están obsoletos, consideramos que más allá de sus insuficiencias, que son subsanables, no se puede permitir que se derrumben centros educativos para especular, además de todos
los problemas que puede acarrear a la comunidad educativa y escolar, y a sus familias, las nuevas ubicaciones de los centros en aras del monocultivo del turismo. Además, la construcción de nuevos centros educativos es responsabilidad de la Junta de Andalucía, por lo que el coste del traslado lo pagaría toda la ciudadanía.
Igualmente nos preocupa que la cesión de los terrenos a la empresa Granparcela S.L., por parte del Ayuntamiento, incluye el cerro y Castillo de santa Catalina, declarado Bien de Interés Cultural, así como de su entorno que cuenta también con protección y no se trata de un solar que sea susceptible de urbanización. El Castillo ya fue objeto anteriormente de una polémica y fallida cesión a una empresa privada. El conjunto, que en la actualidad está abandonado, debería ser objeto de un estudio detallado que permita la redacción de un proyecto de restauración, de acuerdo con las leyes de patrimonio.
Y por último, aunque no menos importante, expresamos nuestra disconformidad con la reforma del frente litoral que pretende este convenio al no mencionar en ningún momento la afección de este plan urbanizador en relación al medioambiente.
AGADEN-Ecologistas en Acción considera que ante la magnitud de esta ordenación urbanística se necesita un enfoque participativo y transparente que contemple no solo los beneficios económicos y las infraestructuras, sino también el bienestar y las necesidades de la comunidad local.
Por ello anunciamos que, de firmarse este convenio de forma definitiva, lo recurriremos ante los tribunales y advertimos de los posibles delitos en que incurrirían el alcalde y los miembros de la corporación que voten a favor del mismo, sentencian.
