El sindicato ha mantenido una reunión con la nueva delegada territorial de Salud de la Junta de Andalucía en Cádiz, Isabel Paredes, a la que han calificado como “más de lo mismo”.
“Si tenemos en cuenta que la administración de quien depende el servicio y después de tener toda la información que se le ha facilitado en las distintas reuniones con la Delegada Territorial, no se entera o no se quiere enterar y evidentemente, si no actúa con la debida contundencia y frena este tipo de empresas que campa a sus anchas sin control y haciendo lo que le viene en gana, sin respetar el pliego de condiciones que afecta a la provincia y mucho menos con los acuerdos firmados con los comités de empresas, la ley de prevención de riesgos laborales, etcétera, etcétera”, señalan.
Desde UGT, “no entendemos como la actual administración de la Junta de Andalucía les permite a estas empresas, que ni siente ni padecen y tan despreocupada por los ciudadanos de la provincia de Cádiz, le de igual que sufran una huelga de estas características. Nos preguntamos que espera la Delegada Territorial de Salud y Familia, para abrir un expediente a estas empresas que no respetan los derechos de los trabajadores”.
“Le pedimos a la señora delegada, que se empiece a hacer las gestiones que corresponda para retirarle o recuperar el servicio y que a su vez se pueda confeccionar un nuevo pliego de condiciones que imposibilite que este tipo de empresas, después de los antecedentes e incumplimientos que esta generando, no se puedan presentar a la licitación de los servicios. Aunque lo ideal sería que fuera un servicio público”, señalan desde el sindicato, que no descarta una recogida de firmas para el rescate del servicio.
