Más País Algeciras ha mostrado su apoyo a las movilizaciones que las trabajadoras de la limpieza del Hospital Punta Europa están llevando a cabo en los últimos días. El partido denuncia que la empresa Sacyr no está cumpliendo con el pliego de condiciones firmado con la Consejería de Salud en cuanto al número de trabajadoras en plantilla, “repercutiendo por ello en las condiciones laborales de las limpiadoras, su salud física y a la vez en el servicio prestado a la ciudadanía”. Piden así a la empresa que “cumpla con lo firmado y por lo cual recibe casi 13 millones de dinero público por un servicio que está siendo prestado a veces con menos del 40% de la plantilla necesaria por turno”.
En plenas negociaciones de un nuevo convenio colectivo, expirado desde 2018, Más País pide a Sacyr que tenga en cuenta las peticiones de unas trabajadoras “que han estado en primera línea en la lucha contra la pandemia” y exige a la Consejería de Salud y a la Junta de Andalucía que haga valer lo firmado en el pliego de condiciones. Denuncian que las trabajadoras lleven “desde el año 2000 sin subida salarial y con su antigüedad congelada, lo cuál conlleva una perdida evidente de poder adquisitivo”.
Más País Algeciras defiende que “esta lucha lo debe ser también de toda la Sanidad Pública Andaluza, porque representa la idea que el Gobierno de Moreno Bonilla tiene para los servicios públicos, el de externalizar, mermar servicios e ir a favor de la empresa y en contra de las trabajadoras”. Para la marca local de Más País “las limpiadoras de hospital han sido un pilar fundamental en los meses más duros de la pandemia, quedando a veces en un segundo plano por su poca visibilidad e incluso quedando fuera del complemento que el personal sanitario recibió por trabajar durante la pandemia” y ahora se encuentran de golpe “con una multinacional como Sacyr negándoles una subida salarial acorde a lo que su esfuerzo y trabajo merece, con la connivencia de la Consejería de Salud”.
Más País alerta además que la lucha de las limpiadores del Hospital “pone de manifiesto que no sólo se echa a la calle a 8.000 trabajadores de la sanidad pública, si no que muchos otros puestos externalizados están operando con plantillas muy por debajo de lo firmado y necesario”, lo cuál consideran “es un recorte más de los servicios públicos, en línea con la idea política del Gobierno de Moreno Bonilla”.
