La operación Beaker, desarrollada por la Guardia Civil, ha detenido a la subdirectora de un banco que se dedicaba a estafar mediante transferencias y contrataciones fraudulentas de seguros, préstamos, tarjetas, depósitos a plazos y otros productos financieros a sus clientes
277 clientes de la entidad han sido afectados por la estafa mediante transferencias y contrataciones fraudulentas de seguros, préstamos, tarjetas, depósitos a plazos y otros productos financieros.
La detenida aprovechaba la relación de confianza que sus clientes, personas mayores con escasos conocimientos financieros en su gran mayoría, que depositaban sus ahorros para que ella los manejara.
En este sentido, los investigadores contaron con la plena colaboración de la entidad bancaria para el esclarecimiento de los hechos y la devolución del dinero a los afectados, que ya ha restituido más de 1,5 millones de euros.
Investigación minuciosa
La investigación comenzó en enero, cuando se recibió la denuncia en la Guardia Civil de Chiclana de la Frontera. Un hombre mayor relataba como su amiga «de toda la vida» y subdirectora de su sucursal habría autorizado en su nombre una transferencia de 25.000 euros a la cuenta de un desconocido, y que gracias a un familiar se percató el afectado.
De inmediato, la subdirectora vía llamada telefónica, le ofrecía la posibilidad de devolverle el dinero en efectivo a cambio de no comentar lo sucedido con otros empleados de la sucursal.
Por tal motivo, los agentes iniciaron una investigación donde se puso de manifiesto que los perjudicados por la actuación de la sospechosa eran una multitud de personas de edad avanzada, con buena posición económica y escasa cultura financiera. La investigación ha determinado que hay 277 perjudicados por una estafa de 1.733.050 euros.
Los agentes se tuvieron que desplazar a numerosas localidades, muchas de ellas fuera de la provincia, ya que la investigada llevaba repitiendo esta conducta al menos desde 2013, y muchos de los afectados ya no residían en la zona.
La operación ha sido llevada a cabo por el equipo de Delitos Económicos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de Cádiz.
