Para el nodo comarcal, “la gravísima situación derivada de la pandemia hace más patente el deterioro de las condiciones de vida de cada vez más capas de la población. Muestra de ello son la desorganización a la hora de garantizar el tema alimentario, la ausencia de un albergue público, el colapso de los Servicios Sociales, la falta de asistencia para acceder, solicitar y conseguir ayudas públicas (ERTEs, Ingreso Mínimo Vital o la incapacidad de gestionar la situación administrativa de la población migrante”.
Para los colectivos que integran la plataforma, la situación de falta de recursos en parte de la población se vería aliviada si hubiera un mejor acceso a las ayudas públicas, “algo ante lo que las instituciones tampoco han respondido, dejando a sus trabajadores de Servicios Sociales con una sobrecarga de trabajo nunca antes vista”.
“La población más vulnerable es precisamente aquella que necesita más ayuda a la hora de solicitar las prestaciones”, señalan, entendiendo que “si esta asistencia no existe, esta percepción económica básica se convertirá en una promesa incumplida bajo trabas burocráticas”.
Por todo ello, el nodo comarcal exige que se establezca un dispositivo de urgecia que dote de medios y recursos suficientes para agilizar la red de servicios públicos que se encargarán de la atención, asesoramiento y gestión de las prestaciones, para que garanticen el cobro de los ERTEs y la solicitud del Ingreso Mínimo Vital.
Igualmente, reclaman que se dé respuesta al problema alimentario, ya que hasta ahora “ha estado en manos bien de la caridad o bien de redes de apoyo vecinal y ciudadano, que han hecho un gran trabajo solidario en estos tiempos de crisis”.
Piden también que se proceda “de inmediato” a la regularización de la población migrante en situación administrativa irregular, a fin de permitirles los más elementales derechos de ciudadanía y acceso a las ayudas públicas a aquellas personas “que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad y que frecuentamente se ven forzadas a asumir todo tipo de abusos para evitar la deportación”.