Este es el motivo por el que los ocho CIES que existen en España están al diez por ciento de su capacidad, y tres de ellos (Barcelona, Tarifa y Tenerife) completamente vacíos, después de que los distintos jueces hayan acordado la liberación de los internos.
En el caso del CIE de Algeciras, la jueza que controla este departamento se declaró incompetente para decidir la puesta en libertad de todos los internos, por lo que cada uno de ellos debía recurrir al juzgado que ordenó su internamiento para cumplir la orden de expulsión, según la APDH.
En el CIE de Algeciras quedan, según estas fuentes, cuatro internos.
Tres de ellos comunicaron ayer al director del centro y a la jueza que emprendían una huelga de hambre.
Tomaron la decisión, según la APDH, después de que uno de ellos, Hamid, de 51 años, viera denegada su puesta en libertad en un auto de un juez de Sevilla que argumentaba que aún no se había cumplido el plazo máximo de 60 días de internamiento para que se ejecute su expulsión de España.
La APDH considera que el internamiento en estos casos “deja de tener sentido” ya que el cierre de la frontera con Marruecos y las circunstancias del estado de alarma de España imposibilitan las expulsiones.
Ayer, el juez que supervisa el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Las Palmas de Gran Canaria ordenó su desalojo, tras detectar que los contagios de coronavirus se están extendiendo entre los inmigrantes allí recluidos en una situación favorecida por su “hacinamiento”.
También ayer la titular del juzgado de instrucción número 9 de Murcia, Olga Reverte, ordenó la liberación paulatina de los cincuenta inmigrantes que quedan internados en el CIE de Sangonera “cuya expulsión no sea posible materializar”.
