Así lo ha expresado el portavoz del GPP,, el senador José Ignacio Landaluce, portavoz en la Comisión Mixta Congreso Senado para el Defensor del Pueblo que se ha reunido en el congreso de los Diputados en el día de hoy. En palabras del portavoz popular, “el Defensor del Pueblo tiene que actuar para defender los intereses de los ciudadanos ante la administración”.
El artículo 9.2 de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, señala que “las atribuciones del Defensor del Pueblo se extienden a la actividad de los ministros, autoridades administrativas, funcionarios y cualquier personal que actúe al servicio de las Administraciones públicas”.
“El Defensor del Pueblo está para buscar soluciones. No es un cronista de la historia de la administración, no existe para contar lo que ha pasado, sino que se trata de una institución vital para defender a los ciudadanos” ha asegurado Landaluce “PSOE y Podemos, lo único que van a conseguir, con su actitud, es destruir la credibilidad y la utilidad de la institución del Defensor del Pueblo, arrojando sombras sobre la gestión de éste, y poniendo en duda la independencia, la labor y, por tanto, su tan necesaria existencia, relegándole a ser una figura decorativa”, lamenta Landaluce.
Cabe recordar, que a principios del mes de mayo, el PSOE ya anunciaba su rechazo de fijar la comparecencia de Fernández Marugán ante la Comisión Mixta Congreso-Senado, alegando que su presencia en sede parlamentaria ponía en riesgo su integridad, ya que por su edad, mayor de 70 años, pertenece a uno de los grupos más vulnerables ante el COVID19, y no dando lugar a que la comparecencia se produjese de manera telemática, como se han realizado las comisiones o incluso, las sesiones plenarias desde que se decretara el Estado de Alarma.
“El Defensor y su institución, no pueden estar distanciados de sus funciones y de sus deberes. No pueden alejarse de los ciudadanos, y el Partido Socialista y Podemos, vetando esta petición de comparecencia, con su actitud, están consiguiendo tratar de ocultar que se investigue o que se cuente, por parte del Defensor, toda la información que posee, la que le ha llegado o incluso, la que ha investigado”, explica el Grupo Popular. Son más de 3000 familias que, a través de sus 11 abogados, han acusado al Presidente del Gobierno y a todos sus ministros de intensificar, con sus decisiones, las muertes por el COVID-19; pero además casi medio centenar de denuncias y querellas acumula el Tribunal Supremo por la gestión frente a la pandemia del coronavirus.
“Pensamos que se han cruzado muchas líneas rojas de nuestra democracia que no deberían de haberse cruzado, al igual que ésta tampoco se debería cruzar, ya que la falta de transparencia y libertad, impidiendo la comparecencia del máximo representante de esta institución, no hace más que deslegitimarle usando para ello torpes, oscuras y maniobreras actuaciones”, finaliza el Portavoz popular en la Comisión Mixta.
