Detenido el hijo de Fernández por una presunta estafa en la estiba

Ángel Fernández Cortés,  hijo del y teniente de alcalde de Algeciras y presidente de la Mancomunidad, lleva 48 horas detenido al estar presuntamente involucrado en una estafa de la estiba,  afirmando que este colocaría en ALGESA (empresa municipal de basuras) a quienes no lograsen puesto como estibador
Detenido en calidad de investigado por los presuntos delitos de corrupción entre particulares y estafa por  los agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), todo sucedió el pasado viernes tan y como adelantó Europa Sur. 
El hijo mayor del teniente alcalde del Ayuntamiento de Algeciras y presidente de la Mancomunidad de municipios del Campo de Gibraltar, Luis Ángel Fernández, participó de forma muy activa en una red que ofrecía puestos de trabajo en la estiba del Puerto de Algeciras a cambio del cobro comisiones que fluctuaban entre los 15.000 y los 30.000 euros.
Según fuentes, se  han acumulado multitud de pruebas incriminatorias  a lo largo de los últimos meses, tanto a través de pinchazos en dos de las líneas telefónicas que utilizaba como de seguimientos físicos. En la operación policial han colaborado de forma decisiva el Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (Greco) de la Policía Nacional y la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco).
Fernández Cortés en una grabaciones de la Policía aseguraba a uno de sus muchos interlocutores que en el caso de que este no pudiera entrar a trabajar como estibador, su padre le colocaría en la empresa municipal de basuras de Algeciras, Algesa, de la que Luis Ángel Fernández es consejero delegado en calidad de segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Algeciras y responsable del área de Limpieza de la ciudad.
Existe también un vídeo en el que Fernández Cortés hace entrega de un sobre con dinero en efectivo a una persona que previamente habría pagado la correspondiente mordida para entrar en la bolsa de trabajo de la estiba, abierta a mediados de este año para un cupo de 460 personas. 
Sus problemas comenzaron cuando empezó a recibir amenazas físicas graves ante su retraso a la hora de devolver el dinero recaudado al no poder cumplir sus promesas en algunos de los casos.
 

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