La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Cádiz, ha denunciado públicamente la competencia desleal que ejerce la Diputación Provincial de Cádiz al contratar a una empresa privada, con recursos limitados, para la gestión de las notificaciones (principalmente para el Servicio de Recaudación).
CSIF recuerda que según la ley postal, Correos es el operador público encargado del Servicio Postal Universal para la entrega a los ciudadanos de las notificaciones de multas, liquidaciones y resoluciones en vía ejecutiva.La falta de rigor, la escasez de recursos y los problemas en la gestión que realizan las empresas privadas que llevan a cabo este servicio perjudican notablemente los intereses de los ciudadanos.
De hecho, en muchas ocasiones, los problemas con el reparto de las notificaciones provocan la indefensión de los ciudadanos, que acuden a Correos a pedir explicaciones y buscar soluciones, cuando deberían reclamar a la empresa privada en cuestión, la cual, finalmente, sale indemne de su mala gestión. CSIF entiende que, si se sigue así, la imagen y reputación de los carteros de toda la vida (como servidores públicos) se verá injustamente perjudicada.
Además, CSIF denuncia que, para hacer más competitivas a las notificadoras privadas, los organismos competentes les facilitan locales a coste cero y permiten contrataciones del personal en precario, perjudicando claramente a una empresa como Correos, que sí cumple con las normas y con los objetivos sociedad.
Con esta situación, Correos se ve obligada, en base a la bajada de producción, a reducir secciones de reparto y la contratación, destruyendo empleo de calidad (Correos es la mayor empresa de este país en este ámbito, con la mayor infraestructura dentro de su sector económico).
Con actuaciones como la de la Diputación de Cádiz, las Administraciones Públicas bajan la calidad del servicio prestado a todos sus ciudadanos, por utilizar empresas sin infraestructuras y con contrataciones muy precarias (la plantilla sólo cobra por entrega efectiva) y sin que sus responsables políticos tengan reparos para apoyar, solo de cara a la galería, a la plantilla de Correos.
Se sabe que la Diputación adjudicó sus servicios postales a la empresa Unipost por 620.000 euros y que el contrato se formalizó el 29 de abril de 2014, según viene recogido en el BOP del 14 de mayo.
CSIF tiene conocimiento de que Correos participó en dicho procedimiento de adjudicación, aunque no se ha facilitado más detalle sobre los criterios determinantes que han permitido la selección de una empresa privada, con recursos inferiores, en detrimento de la mayor empresa de este país y que además es pública.
