En el marco de las visitas programadas por el Defensor del Pueblo, en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, dos técnicas y el director del Mecanismo Nacional de Prevención, acompañados por un asesor externo, especialista en medicina legal, realizaron de oficio, una visita al centro de internamiento de extranjeros de Algeciras, los días 17 y 18 de octubre de 2023, publicando con fecha de 1 de diciembre de 2.023 las conclusiones sobre la misma.
Dicho informe, recoge en su versión final, un total de 13 premisas, en forma de recomendaciones, sugerencias y recordatorios de deberes legales, dirigidos al Ministerio del Interior, concretamente a la Dirección General de la Policía Nacional.
Entre las deficiencias detectadas, cabe destacar, entre otras, algunas referentes a las instalaciones actuales, supeditadas a la próxima apertura del nuevo CIE de Algeciras, cuya fecha de apertura no se ha oficializado. Alertan sobre la rotación constante de la plantilla policial, que dificulta la especialización de los y las agentes.
Igualmente, pone de manifiesto, deficiencias relacionadas con la salvaguarda de los derechos de las personas internas en el CIE, como es el caso de la información insuficiente referida a la posibilidad de las personas internas de interponer quejas a distintos estamentos, al registro de las quejas y a las consecuencias de las mismas sobre su internamiento. Especialmente significativo resulta el incumplimiento de la obligación legal de notificar a la persona interna, la materialización de su expulsión con una antelación mínima de 24 horas, donde se especifique el trayecto y características del vuelo deportación o medio equivalente, aspecto que sí se cumple en otros CIEs.
También es reseñable que en el mes de septiembre, se produjo una pelea entre internos en la que, al menos una persona, padeció lesiones. Dicha persona, ya expulsada, quiso acudir al Juzgado de Guardia para denunciar a los agresores, pero no fue atendida su petición por ninguna instancia, no constando, además, que se emitiera parte de lesiones.
Destaca, del mismo modo, varias referencias a las carencias del CIE respecto a la asistencia sanitaria, con, entre otras cosas, falta de asistencia psicológica, odontológica, o la no emisión de partes de lesiones.
El Defensor del Pueblo señala expresamente la inexistencia de convenio formalizado con el Colegio de Abogados de Cádiz, para dotar de asistencia jurídica a las personas internas en el CIE, sin que se aclarara durante la visita las causas por las cuales no existe.
Desde la Coordinadora CIEs No en Cádiz, se presentará escrito ante el Juzgado de Control del CIE de Algeciras, para que en su función de salvaguardar los derechos de las personas internas, pueda ordenar la corrección de las materias señaladas por el Defensor del Pueblo.
