En este sentido, desde la Delegación Territorial se ha indicado, a través de un comunicado, que “en todo momento ha existido colaboración máxima con los responsables del Gobierno de España en la provincia”.
Así, según han asegurado, responsables de la Junta en Cádiz se pusieron en contacto el mismo sábado con el subdelegado del Gobierno de España, a través de correo electrónico a las 17,00 horas, y con el Secretario General de Subdelegacion del Gobierno de España para que facilitasen los datos de filiación, tal y como establece el nuevo protocolo exigido por el Gobierno central.
Tal y como han detallado desde la administración autonómica, ante la falta de respuesta, la delegada territorial de Salud y Familias, Isabel Paredes, llamó al subdelegado el domingo por la noche, recordándole que no había obtenido respuesta al correo enviado el sábado, refiriéndose, este, de que había dado órdenes a la Policía para que los facilitase. Dicha información llegó minutos después, comenzando con ello el cotejamiento de dichos datos.
Desde la Junta han aseverado que el trabajo de la Delegación Territorial de Salud y Familia y de todos sus trabajadores y sanitarios implicados “ha sido máximo”, ya que el mismo viernes, día de la llegada de la patera, se realizaron análisis PCR y pruebas serológicas hasta altas horas de la madrugada.
Asimismo, han afirmado que este trabajo continuó el lunes, cuando se solicitó al juez una ampliación de la medida cautelar que alcanzaba las 72 horas establecidas, otras 48 horas más, ante la necesidad de adaptar un alojamiento.
En la misma línea, han señalado que el “impecable” trabajo de los profesionales del Distrito Sanitario del Campo de Gibraltar quedó de nuevo demostrado el martes cuando se recibió una llamada desde el CATE donde los inmigrantes se encontraban, ya que diez de ellos presentaron cuadro diarreico que precisaban asistencia sanitaria, trasladándose un sanitario del Centro de Salud que realizó la oportuna exploración y descartó cualquier incidencia.
Igualmente, este miércoles, los inmigrantes afectados se han trasladado al lugar que la Junta de Andalucía ha conseguido adaptar para cumplir con la normativa, además de haberlo hecho con los 12 menores, que quedaron en aislamiento por haber estado en contacto con casos positivos, a las pocas horas de su llegada.
Por último, desde la Junta han resaltado que “los inmigrantes fugados estaban custodiados en el CATE por la Policía y que, por tanto, la Junta de Andalucía no tiene responsabilidad alguna de dicha fuga”.