“Tanto el Área de Gestión Sanitaria como la Delegación Provincial de Salud quieren de esta forma mostrar públicamente su apoyo a los profesionales que en algún momento son víctimas de un desagradable episodio violento en el ejercicio de su labor, al tiempo que condenan cualquier tipo de agresión, tanto física como verbal, dentro o fuera de un centro sanitario, recordando que bajo ningún concepto o circunstancia puede justificarse este tipo de actuaciones”, manifestaron estos organismos hoy en un comunicado.
El Servicio Andaluz de Salud (SAS) cuenta desde 2005 con un efectivo Plan de prevención y atención de agresiones, que comprende, entre otras muchas medidas, la asistencia jurídica inmediata a las víctimas de una acción violenta; fruto de este plan, el SAS ha conseguido que las condenas relacionadas con agresiones sufridas por los profesionales de los centros sanitarios públicos incluyan la tipificación de delito de atentado. De hecho durante el pasado año, en la provincia se recibieron tres condenas por delito de atentado. Asimismo, en 2009, los servicios jurídicos del SAS han llevado a cabo en la provincia 18 asistencias letradas a profesionales víctimas de una agresión.
El Plan de prevención y atención de agresiones tiene el objetivo de dotar a los profesionales de la sanidad pública de las medidas de seguridad y la formación necesarias para minimizar las posibles agresiones que puedan sufrir en sus centros de trabajo. Este Plan establece un protocolo de actuación, en el que se recomienda a los profesionales qué hacer ante una agresión física o verbal. La primera medida que se aconseja a los profesionales es solicitar ayuda a una tercera persona (personal de seguridad o un compañero) para manejar la situación y, al mismo tiempo, para que pueda ser testigo de los hechos. Si la situación persiste, se recomienda avisar a los Cuerpos de Seguridad para que se personen en el centro y notificar el hecho al responsable del centro sanitario.
Desde la Delegación Provincial y el Área Sanitaria de la comarca, se reitera una vez más que acontecimientos como los vividos en el centro del Saladillo, el centro de salud Algeciras-Centro y más recientemente en el Hospital Punta de Europa, donde un profesional fue objeto de una agresión verbal por parte de los familiares de una paciente, siempre implican la puesta en marcha del citado Plan, que supone que el trabajador afectado cuente, desde el primer momento, con asesoramiento jurídico y apoyo psicológico, en caso de que así lo necesite.
En cuanto a las medidas de seguridad, desde 2005 los centros sanitarios públicos andaluces han destinado más de 100 millones de euros a este capítulo, de los que 25 correspondieron al año 2009. En el caso del Área de Gestión Sanitaria del Campo de Gibraltar, el pasado año se destinó a la seguridad de sus centros casi un millón y medio de euros, cantidad en la que se engloban tanto los vigilantes, como la instalación de pulsadores antipánico o cámaras de videovigilancia, entre otros aspectos.
