Según ha explicado la Policía en una nota, la investigación se inició en mayo de 2018 cuando agentes del Grupo Operativo de Puertos con el apoyo de unidades de la Brigada de Seguridad Ciudadana, ambos adscritos a la Comisaría de Algeciras, interceptaron una embarcación, valorada en unos 15.000 euros, de similares características a las utilizadas normalmente para el tráfico de drogas.
La embarcación intervenida fue sometida a una inspección más exhaustiva que dio como resultado que su número de CIN (“craft identification number”), había sido manipulado y tras las gestiones practicadas por los investigadores se procedió a la detención de dos personas como presuntos autores de un delito de falsedad documental.
De forma paralela se inició una investigación patrimonial y fruto de las pesquisas realizadas se localizaron varios movimientos importantes de capitales no justificados realizados por parte de uno de los detenidos, los cuales estaban enfocados, todos ellos, en la adquisición de embarcaciones y motores de alta potencia de similares características a los utilizados por la organizaciones criminales que se dedican al tráfico de hachís en la zona del Campo de Gibraltar.
Así, simultaneándose las gestiones de carácter patrimonial propiamente dichas, con las vigilancias y seguimientos realizados realizados sobre el principal cabecilla de la organización, de 38 años de edad y residente en la localidad de San Roque (Cádiz), se pudo atestiguar cómo éste entraba en una sucursal bancaria acompañado de otra persona que, a los efectos de exteriorizar las operaciones bancarias que pretendían realizar como la posesión y entrega de gran cantidad de dinero o comunicación con el empleado de la entidad financiera, actuaba a la hora de formalizar las mismas, si bien, siempre bajo la atenta mirada del detenido y siguiendo en todo momento sus instrucciones.
En las vigilancias y seguimientos realizados, los investigadores certificaron que este ‘modus operandi’ se produjo en multitud de ocasiones, hasta un mínimo de siete, pero con personas diferentes a las que, tras serles realizado un breve estudio económico acerca de sus ingresos, se detectó que las mismas carecían de capacidad financiera para llevar a cabo estas operaciones de gran volumen de dinero en efectivo, cuyo fin consistía en realizar compras de material náutico a nombre de estas personas sin recursos a los que les resultaría muy difícil justificar dichas adquisiciones por su elevado valor.
Parte de los investigados actuaban como se denomina en el argot policial “mulas”, haciendo referencia a las personas utilizadas para realizar operaciones en su propio nombre con el objeto de interrumpir la trazabilidad del flujo de dinero, de manera que se desvincula al verdadero propietario del dinero de su destinatario final y evitando, de ese modo, el conocer quién es el verdadero comprador/propietario del objeto, que sería el que realmente su titular y quien haría uso de dichos efectos o para facilitárselos a miembros de la parte de la organización criminal que se dedica específicamente al tráfico de estupefacientes.
Debido a las pesquisas realizadas y las intervenciones llevadas a cabo por los investigadores, se ha conseguido demostrar que el montante total de las operaciones detectadas ascendió a la cantidad de 231.710 euros. Asimismo, se descubierto un patrimonio superior a los 600.000 euros en diferentes bienes, cuyo decomiso se ha solicitado a la Autoridad Judicial, entre los cuales se encuentran 15 embarcaciones, 20 vehículos y una vivienda, así como la intervención de 13 cuentas bancarias.
