En la rueda de prensa posterior, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado esta moratoria hipotecaria en vivienda habitual, a la que podrán acceder tanto los deudores en situación de “vulnerabilidad económica” por la emergencia sanitaria del coronavirus como los fiadores o avalistas que se encuentren en esa misma condición.
Según el borrador del decreto al que ha tenido acceso Efe, se incluyen en el “supuesto de vulnerabilidad económica” a los deudores que o bien pierdan sus puestos de empleo a raíz de la crisis o, de ser empresarios o profesionales, sufran una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída de sus ventas, de al menos, el 40 %.
La definición recoge los casos en los que la cuota hipotecaria, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35 % de los ingresos netos que perciba la unidad familiar, y en los que ésta “haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas”, es decir, cuando la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado, al menos, 1,3.
Respecto a los fiadores y avalistas vulnerables, podrán exigir que la entidad agote el patrimonio del deudor principal antes de reclamarles la deuda garantizada, aún cuando en el contrato hubieran renunciado expresamente.
Una vez remitida la solicitud de moratoria, que el interesado deberá acompañar con los documentos acreditativos, la entidad procederá a implementarla en un plazo máximo de 15 días; tras su concesión, comunicará al Banco de España su existencia y duración a efectos contables.
Durante el periodo de vigencia, el banco no podrá ejecutar la cláusula de vencimiento anticipado, ni exigir el pago de la cuota ni de ninguno de los conceptos que la integran, y tampoco se devengarán intereses.
En principio, el real decreto tiene validez de un mes aunque puede prorrogarse; no obstante, los supervisores bancarios ya están revisando cómo contemplar esta medida excepcional ya que, pasados tres meses, los bancos tendrían que contabilizarlo como morosidad.
El borrador también prevé castigos para los deudores que se aferren a la moratoria sin reunir los requisitos, a los que se declararán responsables de los daños y perjuicios ocasionados, y de todos los gastos generados.
Durante su comparecencia, Sánchez ha explicado que se trata de otra medida pensada para proteger a las familias más vulnerables y se suma a la prórroga de la suspensión de los desahucios hasta 2024 aprobada la semana pasada.
Ninguna persona perderá su vivienda en esta crisis y nadie será desahuciado de su casa, ha asegurado.
No es la primera vez que España recurre a una moratoria hipotecaria, puesto que el Gobierno anterior, con Luis de Guindos en el Ministerio de Economía, ya aprobó una medida similar a finales de 2012 que contó con el máximo apoyo de la banca para frenar el drama de los desahucios que se produjeron tras la crisis financiera.
La patronal bancaria AEB ha expresado su total disposición a facilitar la rápida ejecución de las medidas para mitigar los efectos de la crisis sobre las familias y empresas, y ha apoyado “el aplazamiento del pago de los préstamos hipotecarios para las personas especialmente golpeadas”.
En este sentido, añade, los bancos ya han puesto a disposición de pymes y autónomos más de 60.000 millones de euros con el fin de facilitar la liquidez necesaria para continuar con su actividad.
En términos similares se ha expresado la CECA, que ha valorado “positivamente la extraordinaria movilización de recursos públicos y privados que supone el plan económico aprobado por el Gobierno”, que asciende a unos 200.000 millones de euros y representa casi un 20 % del PIB.
Por su parte, los consumidores han celebrado una medida que consideran fundamental y con la que creen que el Gobierno se anticipa a un aumento lógico de la morosidad por el coronavirus.
Para Asufin, era “absolutamente necesario que se abordase desde lo público” para evitar que desde las entidades atajaran las posibles situaciones de impago con “préstamos o refinanciaciones, que generan el cobro de intereses adicionales para los afectados”.
Mientras que desde Adicae, piden que se extienda la moratoria a los créditos al consumo y a las deudas contraídas mediante tarjetas de crédito y de pago aplazado, por su “significativo peso” en las economías familiares.
“Esta moratoria muestra la sensibilidad y la presión financiera a la que muchos profesionales y empresas van a estar expuestos en los próximos meses debido al estado de alarma y la caída drástica en los ingresos de muchos negocios”, apunta el director de Estudios de pisos.com, Ferrán Font, y sentencia que se trata de una medida “decisiva” para salvaguardar el equilibro en el sector.
