Actualmente, con varios funcionarios e internos en aislamiento por contagio o sospecha, la realización de pruebas PCR, el rastreo de contactos y el seguimiento de positivos no se están llevando a cabo con la debida coordinación y efectividad, provocando retrasos en los análisis, en la obtención de resultados y en la toma de decisiones para establecer medidas de contención y protección. Evidentemente, a juicio de CSIF, esta desorganización está causando inseguridad, impotencia e indignación entre la plantilla.
Ya CSIF, hace unos meses, reclamó a la secretaría general de Instituciones Penitenciarias que fijara un protocolo estable, claro y eficaz para determinar los pasos que hay que seguir en cuanto se detectan positivos, tanto en la plantilla como entre los internos. Sin embargo, a día de hoy, la secretaría general, la subdelegación del Gobierno, Muface, Aspy (la mutua de accidentes de trabajo), el propio Servicio Andaluz de Salud, “se lanzan la pelota de unos a otros, sin que se tomen medidas adecuadas, mareando a los trabajadores, poniendo en riesgo la salud de todos”.
Al ser un colectivo reconocido como servicio esencial desde el mes de marzo, cuando se declaró la alerta por la pandemia, CSIF entiende que es primordial que se realicen pruebas PCR a todo aquel funcionario con sospechas de portar el virus o que haya tenido contacto directo con personas positivas, con la idea de contener la propagación del virus, que ya está dentro de los centros penitenciarios de la provincia.
CSIF espera que Instituciones Penitenciarias ponga orden en este asunto y no deje a sus trabajadores en un limbo a la hora de proteger su salud.
