En un sistema democrático, parlamentario y pluralista, todo actor que cumpla con los requisitos exigidos, puede y debe formar parte del juego de acuerdos y alianzas. Así que, lo que puede mermar, erosionar y amenazar la democracia no es con quién se pacta, sino qué se pacta.
Teniendo claro la legitimidad de con quién se pacta, conviene poner el foco en qué se pacta; es decir, en el contenido de cada uno de los acuerdos. Se puede acordar con alguien que está en las antípodas ideológicas, siempre dentro de la ley y del respeto a los valores y pautas de convivencia democrática, o por el contrario, con alguien muy cercano ideológicamente, pero cuestionando esos principios y consensos democráticos desde los que se ha configurado dicha convivencia.
En el caso de los acuerdos PP-Vox en los ayuntamientos y comunidades autónomas, no se cuestiona el acuerdo entre estos dos partidos, por mucho que uno de ellos se sitúe en la extrema derecha bordeando o traspasando los mínimos democráticos, sino el contenido de los mismos. Sobre todo, cuando el PP asume el lenguaje y las políticas ultras en igualdad, crisis climática o educación.
La extrema derecha no es una etiqueta, sino un paquete ideológico que impregna las instituciones e incluye la negación del cambio climático y la reversión de las medidas para combatirlo, la demolición de la fiscalidad que hace posible el Estado social sin explicar la alternativa, la transformación de la diversidad lingüística en ofensa y el independentismo democrático en delito, el debilitamiento de las minorías sociales, la criminalización de la inmigración hasta la xenofobia militante y anticonstitucional, la reversión de los avances en la legislación abortista y la eliminación de las instituciones que apoyan a las mujeres víctimas de violencia…
En cuestión de horas, el PP de Alberto Núñez Feijóo resolvió el acuerdo para que Vox entrara en el Gobierno de la Comunidad Valenciana. Este acuerdo y sus 50 puntos sobre sus ejes ideológicos son un retroceso en nuestra democracia, y el PP no puede eludir su responsabilidad política. El vidrioso aperitivo vino de Castilla y León, donde Vox llegó hasta el extremo de enfrentarse a las normas sanitarias de la UE.
Así, el PP ha logrado la alcaldía en 23 grandes ciudades de este país, a pesar de que en 17 de ellas había ganado el PSOE. También anunció este viernes que gobernará en Extremadura con Vox, cediéndole la consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural. Feijóo se convierte en uno de los pocos líderes conservadores de Europa que incorpora políticas de ultraderecha en las instituciones democráticas.
A pesar de la evidencia, los populares intentan minimizar al máximo el alcance de esos pactos con la extrema derecha para no perjudicar al líder en las elecciones generales del 23-J. El candidato de Vox, Santiago Abascal, siempre se ha negado a ser gratuitamente el “coche escoba” del PP, menos ahora, que su partido es básico para gobernar en algunas comunidades autónomas.
Ambos partidos también marcaron líneas básicas para continuar la negociación, entre ellas la lucha contra la denominada violencia “contra las mujeres” e “intrafamiliar”, sin mencionar nunca la “violencia machista”. Después de estos pactos, ya no se distinguen los partidos de centro derecha de los de extrema derecha, porque Vox está poniendo de facto una nueva realidad política en el Estado de las autonomías.
El PP justifica estos polémicos acuerdos como “una maniobra para demostrar que no pasa nada por colaborar con Vox, aunque se genere mucho ruido, que, por otra parte, puede evitar mucha abstención y que se incremente el voto al PP”. Pero normalizar a Vox es un error porque obliga al PP a alinearse con quienes frenan la Unión Europea, algo que pueden pagar caro en Europa.
Y cuando creíamos superados los postulados en materia de derechos en favor de los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad, asistimos a la genuflexión de un PP al que poco importan sus principios éticos tan enarbolados si suponen un estorbo para acaparar poder y llegar a la Moncloa el 23-J.
Así que, no puedo entender como el Partido Popular ha llegado a estos pactos, cuando ha reprochado constantemente al Gobierno de España sus acuerdos con partidos como EH Bildu o los nacionalistas catalanes para que votaran a favor de las mejoras sociales como la subida del SMI o la revalorización de las pensiones, acusando por ello a Pedro Sánchez de traidor y mentiroso.
Ante estos pactos, que suponen una amenaza existencial para nuestra democracia, y que representan asumir el marco y las políticas de los ultras en los gobiernos, por ahora, en escala local y autonómica, me pregunto ¿qué pensarán los votantes del PP el 23-J, ante este grave cambio de discurso?
