El PP aprueba en solitario la nueva ordenanza fiscal, que supone un aumento impositivo por debajo del IPC

El pleno del Ayuntamiento, reunido esta mañana en sesión ordinaria bajo la presidencia del alcalde, José Ignacio Landaluce, ha aprobado desestimar las alegaciones presentadas al expediente de modificación de las ordenanzas fiscales para el año 2012, y dar el visto bueno definitivo a las mismas. Estas alegaciones tienen en su mayoría el origen en el ya famoso “catastrazo” aprobado en el anterior mandato municipal.

El PP no ha contado con el apoyo de la oposición, de la que se le ha echado en cara por parte de PSOE e IU que ha incumplido las promesas que realizó a la ciudadanía en las pasadas elecciones municipales, cuando el ahora alcalde José Ignacio Landaluce, aseguró que en el caso de que el Gobierno de España no quisiera anular la nueva ponencia de valores catastrales, procedería a congelar el importe del IBI a pagar por los algecireños entre los años 2011 y 2015, mediante la reducción sucesiva del tipo de gravamen del impuesto”.

Y es que entre esas alegaciones hay coincidencias con algunas de las promesas electorales de Landaluce, que ahora el alcalde y sus concejales no aceptan, pero que antes de llegar al gobierno local sí uso como crítica a la gestión socialista.

La defensa de la postura del PP la ha llevado el concejal de Hacienda, que ha argumentado que ha reiterado que el margen de maniobra del gobierno municipal para paliar las consecuencias del catastrazo está acotado por la ley y que si no se desestimaban estas alegaciones no era posible no sería posible  la modificación de las ordenanzas fiscales para 2012 que contemplan que contempla una bajada del tipo impositivo del IBI del 1,10 al 0,73 para que de esta manera se registre una subida media del 1,68 por ciento para el conjunto de los ciudadanos de Algeciras afectados por este impuesto, cantidad que aproximadamente la mitad de lo que ha sido el incremento del Índice de Precios al Consumo (IPC) hasta el mes de agosto, valorada en un tres por ciento.

Fernández ha asegurado que el PP cumplirá con sus compromisos pero que para ello tiene cuatro años de mandato y que en el primero no es posible hacerlo de golpe.

El pleno sí ha acordado por unanimidad de todos los grupos políticos (PP, PSOE, IU y PA), declarar la nulidad del decreto de Alcaldía de 9 de abril de 2008 por el que se aprobó un contrato de aseguramiento del riesgo de la inflación (SWAP) con el Banco de Santánder.

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