El proceso comenzó el 10 de abril de 2007, cuando el Ayuntamiento, mediante decreto de alcaldía, declaró la ruina urbanística del edificio Escalinata. Dicha declaración comporta la inclusión de la construcción en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, tras lo cual –según el procedimiento legal- se concede a la propiedad el plazo de un año para que ejecute las obras.
El propietario tiene la obligación de proceder, a su elección, a la rehabilitación o a la demolición. La legislación establece que si el plazo se agotara sin que se hubiera realizado actuación alguna, esto conlleva a la situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución.
Una vez que la propiedad del edificio Escalinata anunció que había optado por la demolición, el Ayuntamiento le concedió licencia, con fecha 24 de febrero de 2009, sin que hasta el momento haya sido ni siquiera retirada. Tal circunstancia lleva a la institución municipal a verse en la necesidad de actuar conforme establece la ley.
El teniente de alcalde delegado de Urbanismo ha manifestado que la situación no es la deseable por el Ayuntamiento, que ha hecho cuanto ha estado en su mano por darle una solución, inclusivo pagando alquileres y realojamientos más allá de sus obligaciones. Frente a ello no ha encontrado la necesaria colaboración por parte de la propiedad para hacer frente a sus obligaciones, pese a que la aseguradora desembolsó 1,5 millones de euros para que se llevara a cabo la rehabilitación o demolición. “Los intentos, hasta el momento, han sido infructuosos y, ante la inhibición por parte de la propiedad no queda más remedio que dar un paso adelante para desbloquear el problema, e iniciar el procedimiento legal para una venta forzosa que permita actuar”, ha manifestado Sanchez Rull. También ha querido aclarar que la cantidad de 1,5 millones de euros fue la que un doctor en Arquitectura, designado por el juzgado número 1 de lo contencioso administrativo de Algeciras, señaló como suficiente para acometer la actuación. “Por tanto, rechazamos totalmente las afirmaciones vertidas en los medios de comunicación respecto a esa cantidad, llegando a elevarla a los cinco millones de euros”.
Por otra parte, el delegado ha salido al paso a las declaraciones de portavoz del PP, José Ignacio Landaluce, en relación a lo manifestado por el alcalde Tomás Herrera. “El alcalde tiene toda la razón. El señor Landaluce no debe ponerse nervioso ni cargar sus culpas sobre los técnicos municipales. Que se haga responsable de las actuaciones que acometió con el PA, partido con el cual dejó trazada la hoja de ruta de un desmán que está costando, y puede costar en el futuro al ayuntamiento y a los ciudadanos, mucho dinero. Que ahora se quiera zafar de sus responsabilidades da vergüenza ajena. Ya lo hizo con San Bernabé, o con la problemática de la avenida José Luis Cano, o con Somixur. Y una puntualización más a sus últimas declaraciones: además del parking de Trafalgar o Menéndez Tolosa también dio el tandem PP más PA cobertura al parking de Fuerzas Armadas. Cuestión que también está en el juzgado y que está por llegar”.
