IAM/Redacción. El diputado por Cádiz y vicepresidente de la Comisión de Fomento del Congreso, Salvador de la Encina y el secretario general del PSOE de Algeciras y candidato a la Alcaldía, Juan Lozano, han mantenido una reunión de trabajo con Miguel Ángel Fernández, secretario de organización de la sección de Policía Portuaria del Sindicato Profesional de Policías y Bomberos –SPPLB-, para abordar la situación en la que se encuentran los empleados públicos de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias dependientes del Ministerio de Fomento.
Miguel Ángel Fernández trasladó a los dirigentes del PSOE la necesidad de devolver a los trabajadores el sacrificio económico que para estos supuso la aplicación -durante el gobierno de Zapatero- del Real Decreto-Ley de medidas extraordinarias para la reducción del déficit publico. Real Decreto que aun sigue vigente, pese a haber salido favorablemente de la crisis, y que fue de aplicación a este colectivo aunque sus nominas no se detraen de los Presupuestos Generales de Estado, sino de la propia gestión de estos organismos públicos, por lo que dicho “ahorro salarial” en ningún momento ha servido para paliar el déficit público, sino que tan solo ha servido para “engordar” la cuenta de resultados del sistema portuario estatal, que afortunadamente goza de “buena salud” –por ejemplo, el año paso, obtuvo un beneficio de 265 millones de euros-. Salvador de la Encina ha defendido en diversas ocasiones en la Comisión de Fomento y frente al anterior Presidente de Puertos del Estado –Sr. LLorca- que había llegado el momento de devolver a los empleados del sistema público estatal el esfuerzo realizado durante estos últimos ocho años y que era necesario que esos beneficios se vieran repercutidos en los recursos humanos de los mismo. Es por ello, que Miguel Ángel Fernández le ha solicitado, que este nuevo Gobierno, busque una solución normativa para que este Real Decreto deje de ser aplicado a este colectivo y de este modo poder recuperar los salarios que tenían en el año 2010 –que actualmente, y en el caso de un Técnico Administrativo, apenas supera los 1200 € muy por debajo de sus homólogos en otras Administraciones-, teniendo además en consideración que cuentan con un Convenio Colectivo en “ultraactividad” (congelado) desde el 2009; demanda que fue calificada de justa por ambos dirigentes políticos.
