IAM/Redacción El coordinador general de Podemos Algeciras, Alejandro Gallardo; y los otros dos portavoces del Consejo Ciudadano, Leonor Rodríguez y Pablo Domínguez, han comparecido esta mañana en rueda de prensa para dar a conocer los datos extraídos de la documentación que ha sido entregada por el equipo de Gobierno y que llevaba meses bloqueada por el Partido Popular hasta que se han visto obligados a entregarla por una orden judicial. (Foto rueda de prensa Podemos).
Alejandro Gallardo ha recordado que “el Defensor del Pueblo se lo tuvo que pedir al alcalde sin que surtiera efecto y al final un juez le dio cinco días. Tardaron siete días y nos entregaron los papeles, demostrando una vez más el sentir antidemocrático de Landaluce con la oposición, ya que se ve obligado por estamentos externos a la democracia del Ayuntamiento para que podamos hacer la labor de la oposición”, Además, apunta Gallardo, que, una vez recibida la documentación, “se demuestra en los papeles que ocultaba cosas y que por eso no quería entregárnosla”.Así, desvela que “en Playas, se demuestra que no se ha fiscalizado en ningún momento el pliego de condiciones, es decir, que en año y medio de servicio, Urbaser todavía no se ha fiscalizado”. La respuesta del equipo de Gobierno es “que todavía no les compete y entendemos que el Ayuntamiento es el que presta el servicio de Playas y que si lo quiere privatizar es cosa suya, pero eso no quita de tener que fiscalizar a Urbaser y el trabajo que realiza en el servicio de Playas, más si tenemos en cuenta que hemos vivido la peor temporada de Playas que se recuerda y que el verano anterior ya tuvimos un conflicto laboral en Playas. Es decir, dos veranos seguidos en los que Landaluce no sabe qué hacer con las playas de Algeciras”.Del mismo modo, se ha analizado la documentación sobre la gasolinera de la Menacha, en la que se ha comprobado que “la tuvieron que clausurar porque no tenían el informe de no afección del cauce del arroyo Cachón”. Además, Alejandro Gallardo apunta que “sobre esa documentación y sobre la del Grupo Sam se demuestra que no es una cuestión técnica por la que no nos llegaba la documentación a tiempo como siempre esgrimen, sino que la pedimos en abril, que la petición le llega a la concejal responsable, Eva Pajares, y que esta no le da salida a Urbanismo hasta agosto, cinco meses después para que llegue al técnico, es decir, cinco meses de bloqueo político en los que el PP no quería que recibiéramos la información y viéramos que la gasolinera no tenía los permisos necesarios para funcionar”.La otra documentación recibida ha sido el listado de pago a proveedores del último año y el pendiente de pago hasta junio de 2016, en los que “faltan conceptos para hacer el análisis que queríamos. No viene la partida a la que se carga cada una de las facturas pagadas o pendientes de pago, ni la fecha de la factura, sino sólo la fecha de pago”, por lo que “no podemos comprobar cuánto tiempo ha tardado en pagarla”.Se trata de 210 páginas de facturas sin pagar que están siendo analizadas por la formación morada para hacerlas públicas. “Llevamos una moción para que el equipo de Gobierno hiciera estos datos públicos, ya que con la Ley de Transparencia deben ser públicos, y contestaron que necesitaban un año. Ahora se ha demostrado que lo podían dar a conocer en sólo siete días, después de que se lo haya pedido un juez”. En este sentido, ha anunciado que “haremos un portal de transparencia para subir la documentación para que la pueda ver cualquier ciudadano de Algeciras, que está en su derecho”.PeajesEntre las facturas de los pagos a proveedores, Podemos ha localizado “conceptos bastante graves de peajes que se pagan a la autopista de Málaga y Sevilla. Nos entrañaba el gran nivel de conceptos de peajes que salían, unos 250 en las facturas entregadas de junio de 2016 a junio de 2017. Pedimos por escrito hace unas dos semanas poder ver esas facturas en detalle. Pasaron cinco días sin contestación, y bajo el reglamento nos acercamos al tesorero. Al llegar, nos encontramos con la sorpresa de que no existe ningún tipo de facturas para justificar ese tipo de gastos, que no se justifican. El mecanismo para el pago es un contrato que se firma con Unicaja Vía T en 2007 por Tomás Herrera y que en 2013 renueva Landaluce con dos tarjetas en vigor que corresponden a cada uno de los chóferes del alcalde. También le pedimos el detalle al tesorero, de los últimos seis meses, y se trata de veinte viajes a Sevilla y once a Málaga, de ida y vuelta cada uno. En el detalle, nos entregan la partida presupuestaria, que corresponde a locomoción del equipo de Gobierno, y sólo existe un coche oficial, que es el del alcalde. Es decir, estamos hablando de que los pagos de peaje son del alcalde. Como no entendemos a que vaya tantas veces a Sevilla o a Málaga a representar a los algecireños, lo que sí hicimos fue casar las fechas de pago, que tienen una diferencia de dos o tres días con la fecha de valor, y la mayoría coinciden con fechas de sesiones en el Senado”.“Esperamos que el señor Landaluce no se esté pagando su carrera política en el Senado pagando los peajes con dinero municipal, porque eso sería malversación de fondos”, ha afirmado Gallardo.La formación morada ha preguntado también al interventor municipal si los viajes a Málaga y Sevilla son por cuestiones que tengan que ver con los intereses de Algeciras, “pero nos dice que no existe ningún tipo de justificación”. Alejandro Gallardo recuerda que “cuando un funcionario va a algún sitio tiene que rellenar una hoja diciendo por qué va y cuánto dinero ha gastado para justificarlo. En este caso, nos encontramos con que no. Son 250 conceptos de peaje desde junio de 2016 a junio de 2017 y, en detalle de los últimos seis meses, veinte viajes de ida y vuelta a Sevilla y once a Málaga”.El coordinador general de Podemos Algeciras ha concluido que “acabamos de entregar una petición al interventor y al alcalde para que entreguen por escrito la justificación de esos pagos de peaje y en calidad de qué fue, y si fue para representar a Algeciras en cualquier tipo de función, que esperamos que sea así. Si no nos contestan en cinco días, trasladaremos la información a Fiscalía y al Ministerio de Hacienda y a su vez al Tribunal de Cuentas para que estudien cómo se está gastando este dinero”.
