El eurodiputado de UPyD Fernando Maura preguntó el pasado 11 de septiembre si la Comisión iba a adoptar medidas para garantizar que el proyecto de construir unas instalaciones deportivas en Western Beach cumpliese la normativa medioambiental europea.La respuesta de Potočnik ha sido clara: “la normativa comunitaria obliga a los Estados miembro a permitir que otro Estado miembro participe en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental cuando un proyecto pueda tener efectos significativos en el medio ambiente de ese otro Estado miembro”. Sin embargo, a continuación aclara que esa obligación solo se impone cuando se considera que el impacto del proyecto tiene un efecto significativo. En este sentido, el comisario recuerda que el Estado miembro en cuyo territorio está previsto llevar a cabo el proyecto (en este caso, Gibraltar) debe determinar, en primer lugar, si es necesario someterlo a una evaluación de impacto ambiental (EIA). Asimismo, correspondería a Gibraltar delimitar el campo de este estudio a la vista de los posibles impactos del proyecto en el marco de la Directiva EIA para identificar los factores ambientales que se considera pueden verse gravemente afectados.Potočnik resalta que la directiva de Hábitats no prohíbe actividades económicas en particular, “ni siquiera las operaciones de relleno para ganar terreno al mar en un lugar de importancia comunitaria”, sino que obliga a que esas actividades se sometan a una evaluación adecuada cuando sea necesario.La Comisión, por lo tanto, no ha de establecer medidas de garantías, en la que medida en que, como señala el comisario, “no dispone de pruebas de una violación clara de la legislación medioambiental de la UE”.La respuesta no solo afirma que no hay pruebas sobre vulneraciones de la ley medioambiental en Gibraltar, sino que añade que la información públicamente disponible indica que se ha llevado a cabo una EIA. No obstante, no descarta investigar el asunto “con más profundidad” si surgen nuevos datos y pruebas fundamentadas de una infracción del derecho comunitario.Esta es la segunda respuesta negativa de la Comisión a una pregunta de UPyD sobre la legalidad de los rellenos en Gibraltar en un breve periodo de tiempo[2], con argumentos muy similares en ambas ocasiones.
