IU solicitará el “cese” de los políticos implicados en la aprobación del parking Escalinata

IAM/Redacción El grupo municipal de Izquierda Unida, a través de su representante en la Junta de Portavoces que se celebrará mañana sábado, va a solicitar al alcalde Landaluce el cese de los políticos que aprobaron con su voto la ejecución del proyecto de obra del parking y que actualmente siguen recibiendo emolumentos del Ayuntamiento, como son Luis A. Fernández y África Arellano que en los años 2000 y 2001, aprobaron las concesiones para la construcción del parking declarado ilegal por los tribunales.

Asimismo, desde IU, se solicitará también la apertura de expedientes informativos a los técnicos que con sus informes dieron vía libre a la ejecución de este proyecto tan lesivo para el interés general de la ciudad, por las consecuencias económicas y urbanísticas que la ordenada demolición puede provocar en la ciudad.“Hay que recordar que ya en el pleno que aprobó el proyecto del parking, el entonces portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, advirtió a PP y PA que lo que estaban aprobando contravenía el PGOU que estos mismos partidos habían aprobado poco antes, y que serían los tribunales los que declararían la ilegalidad del mismo, desgraciadamente PP y PA hicieron oídos sordos a esta advertencia que le hicimos, y el tiempo nos ha dado la razón. El actual PP es heredero directo de aquella tropelía y no se puede escudar en los informes técnicos, por ética deberían pedir perdón a la ciudadanía y dimitir o ser cesados aquellos que levantaron la mano en aquellas fechas, porque fueron advertidos e hicieron caso omiso”, ha declarado José Luis Alcántara.PLAYAS

El portavoz de la federación de izquierdas, va a reiterar a Landaluce, el cese del Delegado de Playas, habida cuenta del desastre no solo de esta temporada veraniega,  sino de la práctica totalidad de las anteriores, donde no se han cumplido nunca las fechas de puesta en operatividad total de los servicios del principal reclamo turístico de Algeciras.A esto hay que sumar los incumplimientos del pliego de condiciones de la concesionaria privada que los propios trabajadores del servicio están denunciando, así como de los derechos laborales de los mismos.

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