TCAM-NACIONAL/Europa Press
Izquierda Unida (IU) quiere que el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación atienda las denuncias de extorsión a empresarios españoles asentados en Marruecos que viene realizando la Asociación de Afectados por la Extorsión en Marruecos (AAEM) desde 2009.
Así lo pone de manifiesto el diputado de IU Joan Josep Nuet en una batería de preguntas que ha registrado en el Congreso, que ha recogido Europa Press, y en la que recoge las quejas que la citada asociación empresarial ya realizó el pasado verano.
El presidente de la AEMM, Francisco de Arratia, acusó al Gobierno de su “falta de interés” ante las agresiones y extorsiones que dice estar sufriendo las empresas españolas radicadas en Marruecos –algunas de los cuales han llegado a salir de la luz pública, como ha sido el caso de los sufridos por las sociedades Torreblanca y Formarroc, ambas del sector de la construcción– y llegó incluso a anunciar que estudiaría la posibilidad de emprender acciones legales contra el Ejecutivo.
En concreto, en el caso de la sociedad Torreblanac, la AEMM informa de que “el Grupo Douja Prom Addoha, sin respetar los artículos de la Constitución de Marruecos, relativos a la propiedad privada y la integridad física de las personas, invadió ilegal y brutalmente las instalaciones de la empresa, apropiándose indebidamente de los materiales de construcción, ordenadores, maquinaria, documentación y golpeando al personal de la empresa española que se oponía a este ultraje”.
EL “DESINTERÉS” DEL GOBIERNO
Nuet recoge ahora el guante del presidente de la citada asociación, que ya puso los hechos en conocimiento de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y de los Ministerios de Industria, Economía y Asuntos Exteriores, para denunciar el “desinterés” y “desamparo político e institucional” de las autoridades españolas y para censurar que aún no se hayan reunido con los afectados.
Por esta razón, el diputado de EUiA pregunta al Gobierno, en primer lugar, si tiene conocimiento de las extorsiones que sufren algunos empresarios españoles establecidos en el reino alauí y de la existencia de asociaciones de empresarios constituidos expresamente para hacer frente a esta problemática.
Pero, además, pretende que el Ejecutivo exponga las razones por las que aún no se ha puesto en contacto con los representantes de las mismas, y especifique las medidas que tiene previsto adoptar ante la protección de las autoridades españolas que vienen solicitando los empresarios víctimas de esta hostilidad.
