IAM/Redacción Los estibadores no entienden lo que significa un ‘instrumento normativo de otro rango’ ni cómo se ha llegado a saber que la cifra óptima de prejubilaciones es del 20% de la plantilla, de lo que sí están seguros es de que no se puede llegar a un acuerdo si no se convoca una mesa de diálogo.
Esta semana no habrá acuerdo posible en la estiba, sencillamente porque Fomento no ha convocado una reunión de negociación, a pesar de que empresarios y trabajadores, después del último encuentro, el 8 de marzo, solicitaron su presencia como única vía para la garantía de la resolución de este conflicto. Solo se ha convocado una reunión técnica, entre los servicios jurídicos de Anesco y sindicatos, en la que se espera que los empresarios ofrezcan los datos, de plantillas óptimas por puerto, solicitados. Como se ha puesto de manifiesto, por el devenir de las reuniones y las denuncias de los trabajadores, no se trata de un problema entre patronal y estibadores -por otro lado más que acostumbrados a resolver sus diferencias de tal modo que han logrado que los puertos sean una de las industrias más productivas de este país- sino un conflicto derivado de un real decreto autoritario e intransigente que extingue la profesión de estibador, creado por el Gobierno. “Tras la redacción de un atropello de este calibre, que se pretende convalidar en el Congreso el jueves próximo, lo mínimo que puede exigírsele a un Gobierno es responsabilidad para velar por los intereses de su país, permeabilidad y humildad para negociar con los distintos agentes implicados”, expone Antolín Goya, coordinador general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar.“La inexistente posibilidad de acuerdo si no se crea un cauce para ello es la única certeza que arroja esta semana. Lo que sí hemos tenido es muchas inconcreciones”, continúa Goya. Afirma el ministro de Fomento que creará un ‘instrumento normativo de otro rango’ que recoja las reivindicaciones de los trabajadores; también dice que el 100% de los empleos de los estibadores está asegurado. La realidad es que, a día de hoy, los estibadores no han visto un solo documento con una propuesta al respecto y que, del mismo modo que los periodistas que asistieron a la conferencia del ministro y que le insistieron en que aclarara el término, sin éxito, no entienden lo que significa un ‘instrumento normativo de otro rango’ (les suena como a ‘retribución en diferido’). Lo que no les parece de recibo es tener que acatar un instrumento normativo como el decreto ley, que los condena a la muerte laboral, para que después se cree otro instrumento normativo que, supuestamente, los devuelva al mercado. Les parece, como mínimo, sospechoso. “La única solución factible pasa por la modificación del decreto”, sentencia Antolín Goya.Tampoco entienden bien cómo se ha llegado a saber que la cifra óptima de prejubilaciones es del 20% de la plantilla, casi 1.400 trabajadores, y que, en función de esta, el Ministerio de Empleo destinará una partida de 225 millones de euros para sufragarlas. El mediador designado por el Gobierno para la negociación entre patronal y trabajadores, Marcos Peña, solicitó a las empresas, hace ya tres semanas, la cifra adecuada en cada puerto para dar respuesta al trabajo de estiba. A pesar de que, desde esa petición, se han organizado dos reuniones entre las partes, Anesco no ha facilitado ese número. Así, se preguntan los trabajadores cómo entonces se supone que sabe Empleo los estibadores que supuestamente sobran. ¿Da Anesco su cálculo a este Ministerio en vez de a la mesa negociadora, quién se lo solicitó, o es una intuición más en todo este riguroso proceso? La cuestión del distinto valor que le da el Gobierno a los millones de euros que saldrían del bolsillo de los españoles, según sirvan para abonar la multa o para pagar los despidos, es otra incógnita para los trabajadores. Entre lo que sufragaría Fomento y lo que aportaría Empleo suman 575 millones de euros, y les parece razonable ya que es su propuesta. Sin embargo, los 22 millones de la multa europea los encuentran intolerables. Con lo que se quieren gastar en erradicar la profesión podrían pagar casi once años de multa. Cabe aclarar que los estibadores entienden que el abono de esa sanción es un absoluto dispendio y por ello, desde la aparición de la sentencia, empezaron a trabajar para dar respuesta a los requerimientos europeos y evitarla. Ellos no han estado en campaña electoral ni en funciones, asumieron su responsabilidad desde el comienzo del proceso.“Confiamos en que el resto de grupos políticos continúe con el discurso que han tenido hasta ahora; pues el sector, estratégico para el país, tiene una necesidad imperiosa de estabilidad y esta es perfectamente compatible con el respeto a los derechos de los trabajadores”, concluye Goya.
