IAM/Redacción CSIF quiere denunciar públicamente la injusta apertura de un expediente a un trabajador de Algesa (empresa municipal de limpieza de Algeciras), afiliado a CSIF y responsable de acción social por este sindicato en la empresa. El expediente ha sido firmado por Manuel López, quien ejerce sin nombramiento la dirección de esta empresa municipal (en el escrito de sanción no consta cargo alguno).
Dicha sanción obedece, según el presunto director, a un falta grave por faltar el respeto al jefe de servicio, al publicar el afectado, fuera de su horario laboral (era domingo) un comentario en su perfil personal de una conocida red social, el cual decía literalmente: “Dónde está JJ buscando sitio paaaa la nenaaaa”. Nada tiene esto que ver con la empresa ni con ningún artículo del convenio que rige en la empresa, y si no fuera así el firmante de la sanción, Manuel López, debería haber abierto un expediente contradictorio y con carácter previo, dando audiencia al trabajador expedientado, ya que es uno de los delegados de la sección sindical de CSIF en Algesa, cosa que no se ha producido. Además, CSIF entiende que el supuesto ofendido, según el expediente de la empresa, Juan José González (jefe de sección), debería de usar las instancias legales oportunas para defenderse y no utilizar su cargo e influencias para convertir a la empresa pública municipal en un juzgado paralelo. Para CSIF es lamentable que personas que dirigen una empresa municipal con sueldos desorbitados dediquen su tiempo a espiar los perfiles privados de los empleados de Algesa que han reclamado sus derechos ante las autoridades laborales, mientras que la empresa está prácticamente en quiebra técnica y la suciedad inunda Algeciras por falta de gestión. Los dos implicados en la sanción, Manuel López y Juan José González, son dos de los tres imputados en un juicio que se ha de celebrar en mayo por apropiación indebida de ropa de marca falsificada. Desde CSIF se entiende que una de las principales causas del estado de Algesa es que estos directivos presuntamente dedican su tiempo, pagado entre todos los ciudadanos con sus tributos, a coartar la libertad de expresión de los que sindicalmente les plantan cara y a intentar evitar una posible condena por sus imputaciones.
