Arias Cañete dice que las ayudas a pescadores estarán aprobadas “en una o dos semanas”

SEVILLA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) –

   El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha confirmado la existencia de recursos presupuestarios para afrontar las ayudas a armadores y tripulantes que faenaban en aguas adyacentes al Peñón de Gibraltar y que no pueden hacerlo desde que el Gobierno de la colonia lanzara 70 bloques de hormigón al mar alegando la construcción de un arrecife artificial.

   En declaraciones a los periodistas, Arias Cañete ha indicado que, de hecho, la aprobación de dichas aportaciones debe ser “inminente” y llevarse a cabo “en una o dos semanas”, habida cuenta de que “se han cubierto todos los trámites”, quedando a expensas de un informe de Hacienda “para comprobar que existe un respaldo presupuestario”.

   Por otro lado, el ministro ha confirmado que dichas ayudas serán retroactivas desde la fecha en que los pescadores empezaron a ver limitada la posibilidad de faenar por razón de los bloques que dificultaban la labor en determinadas zonas.

   Según explicaron a Europa Press fuentes del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Pesca, se prevé que las ayudas establezcan una “compensación mensual” para paliar la imposibilidad de faenar en este caladero tradicional que ha quedado inutilizado tras el lanzamiento de los bloques.

   Recientemente, los pescadores de la Bahía de Algeciras que han venido faenando en la zona han vuelto a reclamar las ayudas anunciadas en agosto por el ministro, toda vez que ya han remitido a Madrid la documentación que se les solicitaba, y confiados en que “no se hagan esperar demasiado”, según subrayó el representante de los armadores de La Línea de la Concepción, Juan Morente.

   Cabe recordar que el pasado 13 de agosto Arias Cañete, tras una reunión celebrada en Barbate (Cádiz) con las cofradías de pesca gaditanas, anunciaba que para paliar “en la medida de los posible” la situación que atraviesan los pescadores se aprobarían unas ayudas que podrían llegar a los 30.000 euros, durante un periodo de tres años, para pescadores y armadores.

   Estas medidas, según aseguraba entonces, contribuirían “a paliar el problema” hasta que se restableciese “la normalidad” y los pescadores pudiesen volver a faenar en el caladero.

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