La vicepresidenta del Gobierno acusó al que fuera senador del PP de haber sido denunciado, investigado y condenado por un delito de violencia de género.
El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha cumplido con su palabra y no va a dejar pasar las graves acusaciones dirigidas contra él por parte del Partido Socialista en general y María Jesús Montero en particular. El regidor gaditano, senador del Partido Popular (aunque abandonó la formación para poder defenderse y no perjudicarla), ha formulado una demanda de conciliación previa a la interposición de querella por delito de «injurias y calumnias» contra la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, según ha explicado el abogado del alcalde algecireño.
La demanda se ha representado a raíz de las declaraciones realizadas el pasado 13 de enero por Montero en un acto del PSOE en las que «imputó falsamente a Landaluce haber sido condenado, denunciado e investigado por un delito de violencia de género». «Es absoluta y radicalmente falso que haya sido ‘condenado’, ‘denunciado’ o ‘investigado’ por la comisión de un delito de violencia de género», apuntó el alcalde.
También son objeto de la demanda, según ha indicado, declaraciones posteriores en las que «volvió a referirse a esa denuncia ocultando deliberadamente que la misma fue interpuesta por compañeras del PSOE reproduciendo publicaciones de Alvise Pérez en las redes sociales y que había sido ya archivada por la fiscalía del Tribunal Supremo el 9 de enero de este año».
Falsas acusaciones
Según ha señalado el abogado, en la demanda se le exige a la ministra una retractación pública, que cese en sus declaraciones y el pago de una indemnización de 200.000 euros.
El alcalde de Algeciras sufrió dos acometidas, a principios y a final del año pasado, tanto del PSOE como de Alvise, el líder de Se Acabó La Fiesta (SALF). El Partido Socialista lo denunció ante el Tribunal Supremo por malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y delitos contra la libertad sexual. Lo acusaron de ejercer su poder ante tres compañeras (a raíz de unos pantallazos del teléfono móvil), pero ellas nunca lo denunciaron e incluso aseguraron que era mentira. A principios de año, la Fiscalía del Tribunal Supremo archivaba la denuncia.
Por otra parte, en cuanto al archivo de la querella presentada contra la portavoz del PSOE en Algeciras y parlamentaria andaluza, Rocío Arrabal, va a ejercer acciones civiles sobre protección del honor previstas en la LO 1/1982, de 5 de mayo. Todo ello en el caso de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirme el archivo de la querella presentada por otro abogado.
