El falso cura de Alicante, a prisión y reclamado por el juez en Algeciras

La investigación de presuntas estafas a los párrocos de Catral y Bigastro ha revelado numerosas llamadas a sacerdotes de todo el territorio nacional desde los teléfonos móviles que usaba el sospechoso. La Guardia Civil sospecha que podría haber muchos casos no denunciados de clérigos engañados y que habrían entregado dinero al ahora detenido. Un juzgado de Ontinyent acordó el miércoles el ingreso en prisión de Miguel Ángel C. S. ante la docena de órdenes de busca y captura que hay contra él de distintos juzgados de toda España, mientras que en Asturias se le atribuyen nueve de estas estafas a lo largo del año 2020.

El ahora detenido está en la prisión de Picassent, aunque en los próximos días podría ser trasladado a Fontcalent o a Villena para comparecer ante el juzgado de Orihuela que investiga el caso. El sospechoso, asistido del abogado Francisco González, se acogió a su derecho a no declarar. Según la documentación como publica el diario Información, además de los 15.300 euros de estas dos denuncias, habría cerca de 41.000 euros más en los distintos casos denunciados en el resto del país, así como otros 41.000 euros que el perjudicado no ha podido acreditar en otro caso en Santander.

Dos teléfonos móviles que estaban a nombre de ciudadanos rumanos cuya documentación había sido robada eran los que se habían usado para contactar con los religiosos estafados. Los investigadores fueron tirando del hilo de esos terminales para situar en la provincia de Valencia al sospechoso y determinar que desde dichos terminales se hicieron «numerosas llamadas a parroquias y sacerdotes», dice el atestado sin concretar cuántas y continúa diciendo que «de lo cual se infiere que pudieran ser perjudicados por hechos similares» asegura uno de los atestados de la Benemérita. Los agentes investigan ese tráfico de llamadas, a lo que se añade que en otras provincias ya se han agrupado las investigaciones.

Las pesquisas llevaron a los agentes tras la pista del sospechoso que acumula denuncias por toda España por hechos similares desde el año 2019. Hay tres de ellas que ya están con la instrucción acabada y pendientes de juicio en Huesca, Algeciras y Santander y en los que se reclaman penas de tres años de prisión en cada una de ellas. En algunos casos se ha valorado que el dinero estafado se trataba de fondos de las iglesias para gastos de emergencia social.

Modus operandi

Con modificaciones, en todas ellas el modus operandi es prácticamente idéntico. A lo largo de estos años ha usado diferentes nombres falsos. Rafael Díez o Antonio Gómez han sido algunos de sus alias, aunque en las últimas estafas en Alicante se hacía llamar José Sánchez. En esta operativa, en primer lugar, el sacerdote recibía una llamada desde otra provincia de algún superior de una orden pidiéndole que localizara a un feligrés de su parroquia porque tenía a su padre moribundo en un hospital de la orden. A veces le decía que necesitaban que el hijo se personara allí para que autorizara la sedación del enfermo terminal.

Este supuesto hijo le respondía que no tenía dinero para pagar el viaje, lo que desembocaba en que el sacerdote le diera cantidades de entre 500 y 1.000 euros para ayudarle. A veces, la estafa se sofisticaba y desde la otra provincia el estafador le pedía más dinero, porque su padre había fallecido y no podía hacer frente al impuesto de sucesiones para poder desbloquear la herencia, tal como ha pasado en el caso de la parroquia de Catral.

Ahora se ha sabido que el sospechoso tiene reclamaciones de Algeciras, Santander (Cantabria), Córdoba, Alcázar de San Juan (Ciudad Real), Lugo, Palma de Mallorca, Huelva, León, Cangas de Narcea (Asturias), Alicante y Huesca.

En diversas estafas cometidas a lo largo de los años 2022 y 2023, el procesado habría fingido ser un responsable de la orden de los Camilos, dedicada al cuidado de enfermos, que supuestamente llamaba desde Barcelona a las parroquias. El verdadero párroco hizo varios llamamientos alertando de que alguien le estaba suplantando para estafar a sacerdotes por todo el territorio nacional. Una identidad que tuvo que dejar de utilizar al ser cada vez más habitual que los sacerdotes contactaran con el verdadero alto cargo eclesiástico para confirmar la historia.