Desde la sección sindical del Sector de la administración de Justicia de CCOO de Cádiz y tras los contactos mantenidos con los/as funcionarios/as del Juzgado Comarcal de Violencia sobre la Mujer de Algeciras, hemos acordado la suspensión de las medidas de protesta que se habían señalado, ante el previsible cese de los refuerzos del Pacto de Violencia con fecha 30 de junio.
Estas medidas de protesta se iniciaron ante el anuncio del cese del personal interino de refuerzo del Juzgado Comarcal de Violencia Sobre la Mujer de Algeciras y que desde CCOO abanderamos junto a las/os trabajadoras/es afectadas/os.
Esta suspensión de las movilizaciones se ha acordado de manera unánime ya que el pasado viernes día 10 de Junio del 2022, las compañeras afectadas y la propia Letrada de la Administración de Justicia del órgano judicial recibieron llamada telefónica del propio Director General de la Oficina Judicial y Fiscal de la Consejería de Justicia, en el que se les anunciaba, de manera verbal, la prórroga de dicho contrato hasta el 31 de Diciembre del 2022.
Posteriormente desde la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal, CCOO recibió comunicación por correo electrónico, y a los representantes de las centrales sindicales más representativas de Justicia de Andalucía, por la que se notificaba de manera formal la decisión de prorrogar los contratos de los/as trabajadores/as, hasta el 31 de Agosto del 2022, haciéndose extensivo a todos los refuerzos que se encontraban dentro del Pacto de Estado, que venían prestando servicio en los Juzgados con competencias en Violencia sobre la Mujer.
A raíz de las movilizaciones de CCOO, secundadas masivamente por las/os trabajadoras/es de la administración de Justicia, se ha conseguido la mejora de los contratos de estos/as funcionarios/as interinos/as, aunque desde CCOO mantenemos que esta es una solución provisional, ya que la totalidad de estas plazas son estructurales, por lo que la Consejería de Justicia debe ser valiente y debe ampliar las plantillas de estos órganos judiciales, con una carga de trabajo que sobrepasa los módulos del Consejo General del Poder Judicial, para que el servicio público que se presta en la administración de Justicia sea de una vez y por todas de calidad.
