La medida municipal llega mientras crece el malestar vecinal por el uso asistencial de alojamientos turísticos y el aumento de migrantes sin techo en la zona.
El Ayuntamiento de Algeciras ha ordenado el cierre de tres hostales en el Barrio de La Caridad tras comprobar que estaban siendo utilizados para fines asistenciales, pese a contar únicamente con licencia turística. La decisión, anunciada por la teniente de alcalde delegada de Urbanismo, Yéssica Rodríguez, se produce en pleno debate sobre la situación social y urbana de esta zona histórica de la ciudad.
Rodríguez ha explicado que el Consistorio mantiene un contacto “constante y constructivo” con las asociaciones vecinales, a las que ha agradecido su colaboración. Además, ha reprochado a la portavoz socialista, Rocío Arrabal, su “doble vara de medir” respecto a la gestión del barrio, recordando que es el Gobierno central quien “ha permitido la concentración de ONG en esa zona”.
La clausura coincide con la difusión de una carta abierta del presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio del Carmen “La Caridad”, Antonio Jarrillo, quien alerta de un aumento “preocupante” de personas sin hogar en los alrededores del Puerto. En el texto, Jarrillo denuncia un “efecto llamada” generado por “una política migratoria insuficiente o descoordinada” que ha derivado en “la llegada desbordante de personas sin control ni recursos”.
El dirigente vecinal advierte de que muchas de estas personas “duermen en portales o en la vía pública”, algunas con problemas de salud mental o adicciones sin atención adecuada, y reclama una respuesta institucional conjunta que aborde esta realidad “de manera digna y segura, sin criminalizar la pobreza”.
Tensión política por la gestión económica del Ayuntamiento
El anuncio del cierre de los establecimientos ha coincidido con un nuevo cruce político en el salón de plenos por la situación económica municipal. El PSOE de Algeciras acusa al equipo de gobierno de mantener “facturas pendientes desde 2024” y de “agravar el endeudamiento de la ciudad”.
La portavoz socialista, Rocío Arrabal, ha criticado al alcalde José Ignacio Landaluce por “desatender la gestión local mientras desvía la atención con temas externos”, como el peaje de Estepona. Según Arrabal, la deuda municipal “roza los 300 millones de euros” y afecta a la limpieza y a los servicios básicos.
Frente a estas acusaciones, la teniente de alcalde de Hacienda, María Solanes, ha defendido que las cuentas del Ayuntamiento “están equilibradas y saneadas”, asegurando que el periodo medio de pago a proveedores es de solo 17,91 días, una cifra “histórica fruto de una gestión responsable”.
Solanes tildó de “mentira recurrente” los datos difundidos por el PSOE y aclaró que “las facturas mencionadas corresponden a los meses de agosto y septiembre de 2025 y ya han sido tramitadas correctamente por la Comisión de Hacienda”.
