Esta medida estará acompañada de un plan para la mejora de todos estos centros de la geografía española, situados en Tenerife, Murcia, Las Palmas, Valencia, Barcelona y Madrid, así como el centro ya existente en Algeciras y su anexo en Tarifa. La reforma de los ocho centros existentes se ejecutará en un año, mientras que la construcción del nuevo CIE de Algeciras se llevará a cabo en tres.
La construcción, que ya estaba prevista en el anterior gobierno del PP, supondrá un gasto de 33.627.379 de euros a ejecutar en tres años. Este nuevo CIE se edificará sobre la parcela cedida por el Ayuntamiento en mayo de 2017. Una parcela de 20.000 metros cuadrados que se encuentra junto a la carretera CA-9208 y muy cerca de la cárcel de Botafuegos.
Según el Ministerio, el objetivo de este plan es “un nuevo modelo de infraestructura que garantice un mayor respeto a la dignidad y a los derechos humanos de las personas internadas”. Asegura la institución que busca atender con estas obras las reiteradas “observaciones formuladas por Defensores del Pueblo, los jueces de control y organismos nacionales e internacionales que indican que estos centros no reúnen las condiciones idóneas para albergar y custodiar a las personas objeto de un procedimiento de expulsión a sus países de origen”.
El informe del Defensor del Pueblo encuentra deficiencias en el CIE de Algeciras y solicita su cierre.
Las organizaciones humanitarias, por contra, lo ven una mala noticia. Andrés de la Peña, delegado en el Campo de Gibraltar de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía explica que “no están acogidas, están encerradas. No tener papeles no es un delito, es una falta administrativa, por tanto se priva de libertad a personas que no han cometido ningún tipo de delito”. De la Peña precisa que “más de un 50% de las personas que pasan por un CIE en España, nunca son devueltas”. En el caso de Algeciras, el activista informa que “en 2015, solo el 22.3% de internos fueron deportados, y ese porcentaje en 2016 y 2017 bajó”.
Estas medidas se está dentro de un paquete de inversiones de 850 millones de euros para mejorar las infraestructuras de seguridad del Estado y que afectará también a comisarias de la Policía Nacional, cuarteles de la Guardia Civil y centros penitenciarios de toda España.
