El parlamentario andaluz, Manuel Jiménez Barrios, ha anunciado hoy tras una reunión mantenida con miembros del comité de empresa del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana que elevará una iniciativa al Parlamento andaluz en la que el Grupo Socialista solicitará una mesa de diálogo entre el Consorcio y la Junta donde desde el consenso se establezca el marco de relaciones presentes y futuras y abordar en ese contexto la salida o no de la Junta del ente consorcial.
Asimismo, en la proposición no de Ley desde el PSOE se exigirá al Gobierno andaluz la reanudación de los compromisos contraídos por la Junta de Andalucía para la mejora y modernización de las instalaciones que dan servicio a 19 municipios de la provincia, y en el último punto pero no menos significativo, el parlamentario propondrá reivindicar el enorme esfuerzo hecho por los municipios hasta el momento.
Entiende Jiménez Barrios que “la Junta no puede dar la espalda a los ayuntamientos y tiene que ser consciente de que es un asunto capital para la salud de casi un millón de habitantes que se abastecen de la red en alta, así como es importante también para el desarrollo económico pues hay que dar respuesta a las garantías que exigen las empresas para instalar sus proyectos en el territorio gaditano”.
El parlamentario gaditano ha realizado un recorrido por la historia del Consorcio desde su creación en 1945 y posterior traspaso a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir así como por la legislación que ampara la regulación de la creación del ente consorcial por parte de los ayuntamientos y los estatutos así como el protocolo de colaboración de 2005 y convenio de colaboración firmado en 2006 entre la Consejería de Medio Ambiente, la Confederación y los ayuntamientos donde se comprometían a financiar el programa de infraestructuras y crear un grupo de trabajo para concretar actuaciones a acometer.
Jiménez Barrios ha explicado que los ayuntamientos han cumplido su parte creando el ente pero “siempre con la condición de culminar el plan de revisión y mejora de las instalaciones que suministran en alta a todas las poblaciones como se firmó en 2005” y a día de hoy, “quedan bastantes instalaciones por transferir”. El balance descrito por el diputado andaluz es que había previstas obras por valor de 288 millones de euros, 73 millones ha acometido la Junta, 78 millones el Gobierno de España y quedan 131 millones por ejecutar. El propio Consorcio ha acometido con sus propios recursos obras por valor de 19 millones como es el caso de la Línea de Fangos de la ETAP de Cuartillo.
En los últimos tres años, la Junta ha paralizado las inversiones- ha denunciado- y el Consorcio se ha visto obligado a recaudar el canon del trasvase Guadiaro-Majaceite que debería ejecutar la Junta y supone un adelanto de casi 1,6 millones de euros al año, además del canon de regulación que supone casi 1,2 millones de euros perdiendo los ayuntamientos y encima el Consorcio se hace cargo de sufragar canones de depuración en nombre de las bases militares que la Junta obliga a pagar en base a tratados internacionales.
Ante este panorama, el parlamentario por la provincia asegura que “el Consorcio necesita de la Junta para el cumplimiento del protocolo y para hacer frente a las nuevas necesidades que han surgido con el incremento poblacional, la antigüedad de las instalaciones y los nuevos compromisos de ejecutar obras. Al hilo, ha recordado que hay un informe que recoge como muy urgente obras por valor de 92 millones de euros como la aducción, impulsión y suministro eléctrico de la EE de Guadalcacín, el nuevo depósito y bombeo de Mesas de Asta a Trebujena, la nueva conducción Venta El Marinero-Rota, el nuevo ramal de Nueva Jarilla, la mejora del tramo Barrio jarana a Puente Suazo, el depósito regulador del bombeo de agua bruta en Guadalcacín, la mejora del tramo Barrio Jarana a Puente Suazo o los nuevos depósitos de Montealto para Abastecimiento a Jerez.
Esta es la situación del Consorcio que ha ido desgranando en la rueda de prensa el político gaditano que ha lamentado que la Junta en noviembre de 2019 notificase que a partir de diciembre dejaría de formar parte del Consorcio y en julio de 2020 se convocó una asamblea donde se dio cuenta del escrito de separación de la Junta, pero desde el Consorcio se recordó entonces que la Junta, que ni siquiera asistió a esa asamblea, aún debía su cuota de 292.847 euros por el ejercicio de 2019, más la misma cantidad de 2020 y la que corresponda a 2021.
En esa asamblea, los ayuntamientos llegan a la conclusion de que “la Junta no puede separarse unilateralmente”, explica Jiménez Barrios que asegura que “jurídicamente podría hacerlo pero con un proceso reglado que tiene que cumplir como administración”. Esto implicaría, según el parlamentario andaluz, un acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta y un análisis del impacto de la salida de un ente del que ha formado parte. “Como eso no se ha evaluado aún, el impacto económico de la salida de la Junta, tiene la obligación de permanecer y satisfacer las cuotas”, ha concluido.
En otro orden de asuntos, Jiménez Barrios se refirió al decreto histórico convalidado ayer en el Congreso que acabará con las altas tasas de temporalidad laboral que se dan especialmente en la provincial de Cádiz por el impacto del sector servicios donde abunda la modalidad de contrato por obras y servicios. En este sentido, ha lamentado que la derecha haya querido dinamitar el consenso rubricado entre el Gobierno, patronal y sindicatos. “La derecha no ha estado a la atura cuando el propio PP decía que solo se tocaba alguna parte de su reforma laboral y si era así por qué han votado en contra, solo por la necesidad de Pablo Casado de confrontar con el Gobierno, y la pelea del PP con la ultraderecha con quien se disputa el electorado”, ha zanjado.
