El diputado provincial y portavoz de Izquierda Unida en la Diputación Provincial de Cádiz, José Antonio Barroso, ha mostrado hoy su indignación por lo ocurrido en el día de ayer en el Pleno celebrado en Algeciras en el que quedó rechazada la moción de Izquierda Unida por la que se pedía el rechazo a la instalación de una central eólica marina en la costa Noroeste de Cádiz, “mientras no exista información suficiente sobre la misma, así como el consenso social necesario y constatable en los tres municipios a los que afecta el proyecto, tanto a nivel de sus ayuntamientos como de la ciudadanía de estas localidades”.
El diputado ha señalado hoy que su ausencia por enfermedad “no ha sido el motivo de que la moción quedara tumbada, sino el cambio de actitud inesperada del Partido Socialista, que a última hora y pese a haber trasladado a Izquierda Unida su intención de apoyar la iniciativa ante la falta de consenso social, se decidió a votar en contra en el último momento”.
Barroso afirma que “Izquierda Unida tomará nota de este acto de deslealtad” del PSOE para con su socio de Gobierno y anuncia que Izquierda Unida volverá a llevar al Pleno de la Diputación una moción relativa al proyecto eólico en la Costa Noroeste, en la que volverá a pedir el rechazo a estas instalaciones mientras no exista consenso, al igual que se ha actuado con la comarca de La Janda.
La formación política argumenta que hasta el momento se ha trasladado a la población una información “confusa y con poca fiabilidad sobre la creación de empleo, posibles ubicaciones de la central eólica, su potencia y número de aerogeneradores y sobre la supuesta existencia de consenso social entre los ciudadanos de Chipiona y su comarca”. Izquierda Unida entiende que este proyecto de central eólica marina debería contar con el consenso de las tres poblaciones, Rota, Sanlúcar y Chipiona y, al menos, con el conocimiento del anteproyecto, “pero la empresa ha decidido que los ciudadanos de la comarca conocerán el proyecto cuando el capital promotor lo considere oportuno y que, por tanto, el derecho a la información no es un derecho inherente a los ciudadanos”, apuntaba Barroso.
