El compromiso fue posible después de que la Eurocámara diera marcha atrás en su defensa de los derechos de los internautas. Los eurodiputados habían frenado hasta ahora la aprobación de la reforma de las telecomunicaciones reclamando que la nueva normativa prohibiera expresamente el acceso a Internet sin orden judicial previa, algo que no aceptaban los Gobiernos de los 27. Pero en la fase final de las negociaciones, el Parlamento cedió en sus exigencias y aceptó que no se requiera autorización judicial previa para cortar el acceso a Internet.Respetando el pinicipio de presunción de inocenciaA cambio, la Eurocámara y los Gobiernos pactaron un nuevo artículo de protección de los derechos de los internautas que no estaba previsto en la versión inicial de la legislación. En él se afirma que las restricciones al acceso a Internet “sólo pueden imponerse si son adecuadas, proporcionadas y necesarias en una sociedad democrática”. Tales medidas sólo podrán adoptarse “respetando el principio de presunción de inocencia y el derecho a la privacidad” y como resultado de un “procedimiento previo, justo e imparcial” que garantice “el derecho a ser escuchado” y “el derecho a una revisión judicial eficaz y en el momento oportuno”. Es decir podrá cortarse la conexión sin permiso judicial, pero el internauta podrá acudir al juez. La Asociación de Internautas española, en un primer análisis, lo considera una “victoria parcial” de los ciudadanos.
